La reciente desvinculación de la médica forense Angelina Da Cruz González del Ministerio Público, ordenada por el Fiscal General del Estado Emiliano Rolón Fernández mediante la Resolución n.º 478, ha dejado al descubierto un problema aún más grave: la falta de una investigación penal en su contra. Su destitución, basada en evidencias de mala praxis y alteraciones de informes en casos de violencia familiar y abuso sexual infantil, debería haber sido el punto de partida para un proceso legal, no el cierre del caso.
Los hechos que rodean la actuación de Da Cruz son extremadamente delicados. No solo habría manipulado informes para favorecer a presuntos agresores y perjudicar a las víctimas, sino que también se le atribuyen prácticas que comprometen la integridad de los exámenes médicos forenses. Aparentemente, en al menos cuatro expedientes alteró la información clave sobre lesiones en casos de violencia familiar, dejando constancia de heridas inexistentes en las víctimas y omitiendo las que sí presentaban los agresores. En los casos de abuso sexual infantil, su solicitud de examinar a las víctimas en su domicilio particular levanta serias sospechas sobre su idoneidad y ética profesional.
Ante estos antecedentes, resulta inaceptable que hasta el momento no se haya impulsado una investigación penal en su contra. La destitución es una medida administrativa necesaria, pero insuficiente frente a la gravedad de los hechos denunciados. No se trata solo de una mala práctica profesional, sino de posibles delitos que pudieron haber influido directamente en el curso de la justicia, dejando en desprotección.
El Ministerio Público, que debería garantizar el debido proceso y la transparencia en la investigación de los delitos, no puede permitirse ignorar un caso como este. La confianza en el sistema de justicia se ve seriamente afectada cuando no se investiga a fondo las irregularidades dentro de la propia institución. Dejar impune a una médica forense que, con sus informes alterados, pudo haber beneficiado a agresores y perjudicado a víctimas de abuso y violencia, es enviar un mensaje de permisividad que la sociedad no puede tolerar.
Es urgente que la Fiscalía General impulse una investigación penal contra Angelina Da Cruz González. No basta con desvincular a un funcionario que ha actuado con negligencia o dolo en sus funciones; es necesario establecer responsabilidades y, si corresponde, aplicar sanciones penales. La justicia debe ser implacable no solo con los ciudadanos de a pie, sino también con aquellos que, desde dentro del sistema, han abusado de su poder para torcer la verdad.
