La Fiscalía solicitó 10 años de cárcel para el periodista Carlos Granada, acusado por presunto acoso sexual, coacción y coacción sexual y violación. En los alegatos finales, las fiscales del caso detallaron que Granada acosó, amenazó y coaccionó con fines sexuales en varias oportunidades a seis comunicadoras del grupo Albavisión.
Las fiscales Luz Guerrero, Claudia Aguilera y Natalia Silva, representantes del Ministerio Público en el juicio oral contra el comunicador, defendieron este lunes su pedido de 10 años de prisión al sostener que durante el debate quedó plenamente acreditada la comisión de hechos punibles de acoso sexual, coacción y coacción sexual, en perjuicio de varias mujeres que formaban parte del equipo periodístico del procesado.
La fiscal Luz Guerrero explicó que, tras el análisis del caudal probatorio expuesto en juicio, se determinó que cuatro víctimas sufrieron acoso sexual, coacción y coacción sexual.
“Hubo hostigamiento de contenido sexual, hubo constreñimiento para que toleren lo que no querían y hubo fuerza para realizar actos sexuales”, afirmó. En el caso de otras dos víctimas, la Fiscalía sostuvo que se acreditaron los hechos de acoso sexual y coacción, manteniendo así la calificación jurídica presentada.
Guerrero indicó que, considerando la gravedad de los hechos, el impacto psicológico y el abuso de poder ejercido dentro del ámbito laboral, la pena justa y proporcional sería de 10 años de privación de libertad. “No fueron las únicas víctimas” afirmó. En su intervención, la fiscal Claudia Aguilera resaltó la importancia de los testimonios producidos durante el juicio, que no solo confirmaron lo denunciado por las seis víctimas del proceso, sino que además revelaron la existencia de otras mujeres que habrían sufrido hechos similares.
“Hubo aproximadamente diez personas que fueron víctimas de los mismos hechos, con la misma modalidad, el mismo modo operativo y el mismo patrón de conducta”, señaló Aguilera.
Aunque estas mujeres no pudieron ser incorporadas formalmente por restricciones procesales, su existencia y sus relatos fueron mencionados para dar contexto y sostener la credibilidad de las víctimas de la acusación.
Por su parte, la fiscal Natalia Silva destacó que los alegatos finales incluyeron referencias a convenciones internacionales sobre protección de mujeres y violencia basada en género, enfatizando la obligación del Estado de garantizar un ambiente laboral libre de hostigamiento. Silva subrayó además el daño psicológico y emocional sufrido por las víctimas, quienes ingresaron al medio de comunicación con expectativas profesionales y terminaron perdiendo “la ilusión con la cual ingresaron para ser grandes periodistas”.
“El daño trasciende el hecho puntual; afecta su salud emocional, su proyecto de vida y su desarrollo profesional”, remarcó. Las agentes fiscales expresaron su confianza en que el Tribunal valorará adecuadamente las pruebas y dictará una sentencia conforme al pedido del Ministerio Público. Señalaron que la pena solicitada responde tanto a la gravedad de los hechos como a la conducta reiterada atribuida al acusado.
