La Ministra de Justicia, Cecilia Pérez, una de las pocas del gabinete presidencial quien estuvo presente ayer en la misa central de Caacupé, dijo que la homilía y la particular carta del monseñor Ricardo Valenzuela es una crítica constructiva que ellos hacen todos los años, un diagnóstico de lo que ellos creen que pudo haber pasado y lo que debería hacer la justicia al respecto. Cree que hubo muchos avances pero que queda mucho por hacer, ya que la pandemia los tomó por sorpresa a todos.
“Hay cuestiones que verificar y seguir trabajando con mayor ímpetu”, aseguró la ministra.
Mencionó también no estar del todo de acuerdo con el obispo, sobre el punto de los desalojos forzosos.
“El habló puntualmente del caso de los indígenas, y la ministra asegura que es una situación polarizada y hay que deben apegarse a lo que dice la ley, diferenciar lo que es el desalojo civil de la invasión de inmuebles, ya que es una confusión oficiosa que se tiene que poner sobre la mesa desde hace tiempo. Hay normas constitucionales que debemos respetar, que es la defensa de la propiedad privada”, agregó.
En otro momento sostuvo que se tiene que evitar esa perversión del sistema y eso es lo que hay que dilucidar.
“Primero habla de la criminalización de las invasiones, la criminalización quiere decir que se convierte en un hecho punible algo que no lo era, y eso no es cierto, porque la invasión de inmueble ajeno está prevista en el Código Penal desde el año 1996, esa es una frase acuñada que tiene una base que es una falacia, no se criminaliza nada”, afirmó la ministra.
Mencionó que estos desalojos no se pudieron haber dado en el corto tiempo en el que se aumentó la pena, porque un mandamiento de desalojo no sale en dos meses. El procedimiento no es ordinario, no es algo que se consiga rápido.
“Ahí yo disiento con él como abogada, no es un problema de la ley. Si es que hay información de que el aumento de la pena generó una suerte de extorsión o chantaje, es otra cosa”, dijo
Aseguró que en el Poder Judicial se están haciendo muchas cosas, que los cambios de personas han incidido, se trabaja muy de cerca con la Corte Suprema de Justicia y sus organismos de control, inclusive con los gremios.
