Durante la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia, el ministro Víctor Ríos expuso su preocupación sobre la sistemática desnaturalización de procesos judiciales en casos de delitos ambientales, denunciando un patrón de comportamiento por parte de agentes fiscales que, según dijo, termina beneficiando a responsables de graves daños ecológicos.
Ríos señaló que, en varios casos, los fiscales imputan y acusan bajo tipos penales que no permiten la suspensión condicional del procedimiento, pero que, durante la audiencia preliminar, a pedido de la defensa y sin modificar la base fáctica, se cambia la calificación legal del hecho para habilitar dicha suspensión. “Es como si alguien matara en una emboscada y luego dijera que fue una lesión grave. Eso es inaceptable”, manifestó.
El ministro citó un caso concreto ocurrido en el Chaco, donde los acusados, Miguel Antonio Vivolini Barrio Canal y Nicole Vivolini Bomb, habrían deforestado ilegalmente 3.000 hectáreas. En esa causa, el fiscal aplicó el mismo procedimiento: modificar la calificación del hecho para que los imputados accedan a una medida alternativa. “Tal vez en este caso se comprometieron a reforestar 20 hectáreas, pero destruyeron 3.000. Es un muy buen negocio”, ironizó.
Ríos también denunció un caso en el que el propio imputado fue designado como “asesor de prueba” de su compromiso ambiental, lo que calificó como una burla a la ley y a la ciudadanía. No obstante, destacó positivamente la actuación de la juez Fanny Cáceres Barrios, quien se opuso a ese tipo de manejo y elevó el caso a instancias superiores. “Estas prácticas no pueden continuar. Están destruyendo los recursos naturales del Paraguay y, a cambio, imponen sanciones irrisorias como donar computadoras a escuelitas. ¿Qué tiene que ver eso con recomponer el daño ambiental causado?”, cuestionó con vehemencia.
El ministro calificó de “grave” la situación del fuero ambiental y expresó que, si bien aún no ha solicitado remisiones al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, los hechos observados podrían ser producto de “ignorancia de la ley o directamente complicidad”. Finalmente, propuso la conformación de una mesa de diálogo con el Fiscal General del Estado Emiliano Rolón, a fin de definir una política clara en materia ambiental.
“O los fiscales van a seguir encubriendo estas prácticas, o realmente se comprometerán a hacer cumplir la Constitución Nacional, cuyo mandato es claro: recomposición y restauración del medio ambiente”, concluyó.
