El ministro Víctor Ríos resaltó la labor de la jueza de Ejecución de Canindeyú, Arminda Alfonso Martínez, así también de la magistrada María Isabel Dávalos, quien tuvo que interinarla. Además, también destacó al Tribunal de Apelación de la misma circunscripción que confirmó las resoluciones de ambas.
Ríos indicó que las actuaciones tienen que ver con la reapertura de un proceso por daño ambiental, en el cual el acusado fue beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento, pero incumplió con el requisito de reforestar unas 300 hectáreas y se tuvo que reabrir la causa.
“Los argumentos, los fundamentos, son muy buenos, en un caso de la suspensión condicional del procedimiento, en el que el acusado tenía que reforestar unas 300 hectáreas, no cumplió con el requisito y la defensa planteó que se considere como cumplido el requisito porque compró certificados de servicios ambientales. El juzgado y el Tribunal correctamente dijeron que existía el incumplimiento de la reforestación y abrieron la causa” afirmó Ríos.
