El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Santander Dans, afirmó que el máximo tribunal adoptó todas las medidas necesarias para desarticular por completo el esquema fraudulento conocido como la mafia de los pagarés. Mencionó que la Corte procedió a la suspensión de todos los jueces, actuarios y funcionarios involucrados, especialmente en la Circunscripción Judicial de la Capital, donde se detectaron actos irregulares sistemáticos vinculados a la tramitación de pagarés ejecutivos.
Santander explicó que la decisión apuntó a desmontar integralmente el sistema que permitió el funcionamiento del esquema, lo que incluyó la remoción temporal de magistrados y auxiliares de justicia, así como la intervención de juzgados vinculados a la manipulación de expedientes. Agregó que la Corte también espera avanzar con otras medidas estructurales a partir de los proyectos de ley que ya fueron remitidos al Parlamento y que actualmente están pendientes de tratamiento.
Consultado sobre los pedidos de juicio político contra los ministros de la Corte por este caso, el alto magistrado evitó pronunciarse. Indicó que desconoce los fundamentos de la denuncia y que, en su criterio, la Corte actuó oportunamente al intervenir y desarmar el circuito irregular dentro de los juzgados de paz. El ministro subrayó además que se necesitan reformas legislativas para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.
Entre ellas citó la reducción de atribuciones de los juzgados de paz, que actualmente se encuentran sobrecargados debido al volumen de competencias otorgadas. Recordó que la Corte planteó también un proyecto para que las tasas judiciales de los juicios ejecutivos sean cobradas adecuadamente, evitando la fragmentación del monto que termina saturando a los juzgados.
Santander resaltó la importancia de la digitalización del sistema judicial, señalando que la implementación del archivo electrónico y del expediente digital contribuirá a evitar duplicidades, como el doble cobro de pagarés, y dará mayor trazabilidad a los trámites. Mencionó que estos avances son claves para fortalecer el control interno y reducir espacios de discrecionalidad que facilitan irregularidades.
No obstante, reconoció que el Poder Judicial se encuentra limitado por la falta de recursos, debido a que depende del presupuesto asignado por el Poder Legislativo. Recordó que recientemente la Bicameral rechazó una solicitud de ampliación presupuestaria, lo que obliga al Poder Judicial a trabajar “a pulmón” y con proyectos piloto desarrollados por técnicos altamente capacitados, pero con salarios que, según afirmó, no se corresponden con su nivel profesional.
“El Poder Judicial no es dueño de la caja ni de las armas”, expresó Santander, aludiendo a las restricciones presupuestarias que dificultan implementar plenamente las reformas tecnológicas necesarias. Aun así, aseguró que el máximo tribunal continúa avanzando con los recursos disponibles, priorizando el fortalecimiento institucional y la depuración de prácticas irregulares.
