El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Ramírez Candia, sostuvo en la última sesión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que la conducta de los magistrados que intervinieron en el juicio de regulación de honorarios de los abogados de Darío Messer, además de tener indicios de mal desempeño de funciones, se encuadraría en hechos punibles que la fiscalía debería investigar.
Los camaristas Antonia López y Juan Carlos Paredes retasaron los honorarios de los abogados Leticia Bóveda y Rodrigo Galeano de G. 5 millones a casi 4 millones de dólares, estableciendo una base de 300 millones de dólares con base a publicaciones periodísticas, no obstante, los bienes de Messer ascenderían a unos 150 millones de dólares según la propia Secretaría Nacional de Administración de Bienes Comisados e Incautados (SENABICO).
Por su parte, el juez Édgar Rivas ordenó el embargo en menos de 24 horas sin haber esperado ni siquiera las respuestas de la SENABICO y de Registros Públicos, dijo el ministro Ramírez Candia.
El Ministerio Público puede investigar de oficio ante la gravedad de los hechos.
