La reciente imputación de una jueza civil en la ciudad de Paraguarí generó una férrea defensa por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyos ministros han expresado su rechazo a la investigación y han puesto en duda la posibilidad de sancionar judicialmente a magistrados por sus decisiones, incluso en casos donde pueda existir prevaricato.
El ministro Víctor Ríos lideró la postura en contra de la imputación, asegurando que los jueces no pueden ser procesados por sus resoluciones, salvo que se agoten todas las instancias recursivas y exista una sospecha fundada de prevaricato. Sin embargo, esta postura ha sido interpretada por diversos sectores como un intento de blindar a los magistrados frente a posibles fallos arbitrarios o contrarios a la ley.
Ríos criticó al Ministerio Público por actuar antes de que se resolviera una apelación, cuestionando la validez del proceso penal contra la jueza. Refirió que el juez de garantías rechazó la imputación del fiscal, alegando que no se describieron con precisión los hechos ni se presentaron pruebas sólidas. No obstante, sectores jurídicos han señalado que este tipo de decisiones podría generar impunidad y obstaculizar el control sobre fallos judiciales sospechosos.
Por su parte, la ministra Carolina Llanes calificó la imputación como «alarmante» y denunció lo que considera un intento de usar el sistema penal contra el sistema judicial. Llanes abogó por limitar las órdenes de allanamiento y reforzar la autonomía de los jueces, lo que se podría sido interpretar como una estrategia para evitar investigaciones que podrían afectar a miembros del Poder Judicial.
Paralelamente, la Corte Suprema ha solicitado informes sobre la incautación de más de 2.500 expedientes en el marco de la investigación de la denominada «mafia de los pagarés». El ministro Ríos criticó las órdenes de allanamiento, calificándolas de «inconstitucionales» y sugiriendo que la magnitud de la incautación podría estar injustificada. “No creo que el Ministerio Público haya entrado de ‘safari’ para incautar lo que encontraba”, ironizó, minimizando la posibilidad de que en todos esos expedientes se encuentren elementos probatorios de hechos punibles.
Este caso ha reavivado el debate sobre la independencia judicial y la responsabilidad de los magistrados, generando interrogantes sobre si la postura de la Corte Suprema representa una defensa legítima del ejercicio judicial o una estrategia para garantizar la impunidad en casos de fallos irregulares. En este contexto, la tensión entre el Poder Judicial y el Ministerio Público sigue en aumento, poniendo en jaque la credibilidad del sistema de justicia en Paraguay.
