Los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia fueron denunciados ante la Contraloría General de la República, por rendición de cuentas sobre ingresos en conceptos de materiales de uso notarial.
Los denunciados son; César Diesel, presidente de la Corte Suprema de Justicia, Cesar Garay, vicepresidente primero y el vice segundo Luis María Benítez Riera, Gladys Bareiro, Carolina Llanes, Eugenio Jiménez, Manuel Ramírez Candia, Antonio Fretes y Alberto Martínez Simón.
El documento presentado ante la Contraloría refiere, que actualmente existen cerca de 1.400 escribanos públicos, haciendo un promedio estimativo de 1.500.000 guaraníes de gastos por cada escribano, de forma mensual en concepto de compras de materiales como ser: hojas de protocolo, libros de registros de firmas, sellado notarial entre otros que utilizan para realizar escrituras públicas.
El escrito presentado el pasado 22 de marzo indica que los cálculos, estiman que al mes serían unos 2.100.000.000 guaraníes y al año representan 25.200.000.000 guaraníes, esto pudo dilucidarse durante el período 2020, que podría ser más o menos, cuestión que se va a dilucidar con la auditoría de la Contraloría.
Estos números salieron a la luz, cuando la Corte Suprema de Justicia, íntima y demanda al Colegio de Escribanos del Py al pago correspondiente desde el periodo 2014 a la fecha por 14.000.000.000 guaraníes más intereses.
El documento también señala que la Corte Suprema de Justicia tiene a su cargo la venta de materiales de uso registral, lo que había cedido al Colegio de Escribanos del Paraguay, mediante la acordada Nº106 del 26/03/1990 y luego por la acordada Nº117 del 03/05/1999, que establecía de lo recaudado un 70% debe ingresar al Poder Judicial y el 30% quedará para el Colegio de Escribanos por dichas tareas.
La denuncia es anónima y se encuentra en la Dirección de Transparencia, donde se formará un expediente y en los próximos días se solicitará los antecedentes del presente caso.
