El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) expresó su preocupación ante recientes propuestas legislativas que buscan endurecer las penas en el sistema penal juvenil, reducir la edad de imputabilidad e incluso incorporar figuras como la cadena perpetua y la pena de muerte en la legislación paraguaya.
En un comunicado oficial, el organismo se solidarizó con la familia de la adolescente víctima de feminicidio en días pasados, recordando que el Estado tiene la responsabilidad de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia con debida diligencia. No obstante, advirtió que el dolor social no puede ser instrumentalizado para promover medidas punitivas que contravienen principios constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos.
“Expresamos nuestra preocupación ante expresiones públicas que promueven iniciativas regresivas que se alejan de un enfoque de justicia restaurativa y protección de derechos”, señala el documento. El MNP recordó que tanto la Constitución Nacional como la Convención sobre los Derechos del Niño prohíben penas crueles, inhumanas o degradantes, incluidas expresamente la cadena perpetua y la pena de muerte.
El organismo también alertó sobre la ineficacia de las políticas de castigo extremo como respuesta al crimen organizado. Según el MNP, muchos adolescentes que cometen delitos no actúan como líderes criminales, sino que son víctimas de captación, cooptación y explotación por parte de estructuras delictivas mayor.
“Reducir la edad de responsabilidad penal o endurecer penas no constituye una solución estructural, sino que profundiza la exclusión y marginalidad de sectores vulnerables. Las respuestas efectivas deben enfocarse en atacar las causas de raíz, como la pobreza, el abandono institucional y la falta de oportunidades”, expresó el MNP.
En este contexto, el organismo instó a los tres poderes del Estado a reforzar las políticas públicas integrales de justicia penal juvenil, apostando por reformas estructurales y no por medidas punitivistas. Enfatizó la necesidad de garantizar asistencia legal adecuada, apoyo psicosocial, programas educativos y alternativas reales a la privación de libertad, como herramientas fundamentales para la reintegración y prevención.
El llamado se da en un momento de fuerte debate social, tras la conmoción generada por casos recientes de violencia y crimen que involucran a menores de edad, lo que motiva a sectores políticos a promover cambios legales urgentes. Sin embargo, el MNP reitera que ninguna medida debe violar los derechos fundamentales consagrados por la Constitución ni ignorar las obligaciones internacionales asumidas por el Estado paraguayo.
