La comisionada nacional del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), Sonia Von Lepel, expresó en entrevista con PDS Radio serias preocupaciones sobre las condiciones de detención en los módulos de máxima seguridad habilitados en el país, en particular en los centros de Minga Guazú y Martín Mendoza. Según explicó, estos espacios se presentan como una respuesta estatal al crimen organizado, pero, a criterio del MNP, reproducen prácticas que generan graves afectaciones a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
Von Lepel señaló que en el caso de Minga Guazú se mantienen regímenes de aislamiento prolongado, con hasta 22 horas diarias en celdas individuales y solo dos horas fuera de ellas, situación que, sostuvo, se extiende durante toda la prisión preventiva. Aclaró que, si bien el aislamiento no constituye automáticamente tortura, su aplicación permanente y sin límites temporales razonables resulta incompatible con los estándares internacionales.
La comisionada cuestionó el modelo adoptado por el Estado paraguayo, al considerar que se importaron esquemas de máxima restricción como eje central del combate al crimen organizado dentro del sistema penitenciario. En ese sentido, afirmó que la política pública termina concentrando toda la responsabilidad en la persona detenida, mediante la restricción extrema de sus derechos, en lugar de fortalecer los mecanismos institucionales de control y gestión penitenciaria.
También llamó la atención sobre la situación de las mujeres privadas de libertad en módulos de máxima seguridad, indicando que varias de ellas fueron trasladadas al penal de Martín Mendoza, un establecimiento destinado originalmente a varones. Según relató, esta decisión genera preocupación, ya que existe un centro exclusivo para mujeres y no se justificaría su permanencia en un espacio concebido para población masculina.
Von Lepel describió además las condiciones de los espacios destinados a las dos horas diarias de salida de las celdas, señalando que se trata de recintos sin sombra, sin mobiliario, sin sanitarios y con exposición directa al sol, lo que provoca que muchas personas opten por no salir. Indicó que estas condiciones impactan negativamente en la salud física y mental, especialmente en contextos de altas temperaturas.
En relación con la creación de los módulos de máxima seguridad, la comisionada afirmó que estos surgieron de manera irregular, sin una ley debidamente aprobada por el Congreso. Explicó que, ante la falta de respaldo legal, se recurrió a resoluciones administrativas para regularizar una situación que ya estaba en funcionamiento, lo cual, a su criterio, debilita las garantías legales del sistema.
Finalmente, recordó que el régimen de máxima seguridad debe ser excepcional, de corta duración y sujeto a revisiones periódicas basadas en informes técnicos criminológicos. Advirtió que mantener a personas por largos períodos sin reevaluaciones efectivas podría exponer al Estado paraguayo a responsabilidades internacionales, al considerar que estas prácticas pueden ser calificadas como tratos crueles, inhumanos o degradantes.
