La abogada Claudia Sanabria, representante del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), expresó su preocupación por la forma en que se realizó el traslado de 500 internos a la penitenciaría de Minga Guazú, en Alto Paraná. En entrevista con PDS Radio, señaló que el procedimiento careció de un trato personalizado y no garantizó plenamente derechos básicos de las personas privadas de libertad.
Sanabria explicó que, en las primeras horas del operativo no se informó oportunamente ni a los familiares ni a los propios internos sobre su destino, lo que afectó el derecho de acceso a la defensa. Según indicó, recién tras un diálogo con el Ministerio de Justicia se establecieron horarios de visita y condiciones para la comunicación con los abogados defensores.
La representante del MNP advirtió que estos traslados deben planificarse con antelación y respetar salvaguardas esenciales, como la notificación previa a las familias y la garantía de asistencia jurídica efectiva. También anunció que el organismo seguirá monitoreando las condiciones de reclusión, el contacto con familiares y la reinserción social de los internos trasladados.
Otro punto cuestionado fue el régimen de máxima seguridad, que contempla 22 horas de encierro y solo dos horas fuera de la celda, en espacios reducidos. Sanabria remarcó que el aislamiento prolongado es perjudicial para la salud mental y contraviene el objetivo constitucional de la pena, que es la reinserción social. Asimismo, criticó la práctica de grabar las conversaciones entre internos y abogados, por considerarla una violación a la garantía de defensa.
Sobre el cumplimiento de las recomendaciones del MNP, Sanabria reconoció que persisten dificultades y que en algunos casos las medidas dispuestas por tribunales no se cumplen en la práctica. En ese sentido, afirmó que el organismo continuará impulsando el diálogo con las autoridades y evaluará, en caso necesario, acciones ante instancias internacionales.
En relación a recientes propuestas legislativas que buscan endurecer penas hasta 90 años, Sanabria advirtió que esto representa un retroceso en materia de derechos humanos y no aborda las causas estructurales de la criminalidad. Subrayó que el aumento de penas “por aumentar” no contribuye a la seguridad y que se debe priorizar la inversión en políticas sociales inclusivas y programas de rehabilitación.
Finalmente, la abogada reveló que las cárceles carecen de programas sólidos de tratamiento de adicciones y de un sistema estadístico que permita medir el impacto de este problema. Señaló que, sin rehabilitación, las personas con consumo problemático tienden a reincidir, perpetuando el ciclo delictivo.
