La juez Alicia Pedrozo elevó a juicio la causa contra el ex ministro de Urbanismo, Dany Durand y otros acusados por supuesta estafa y asociación criminal en perjuicio de 31 víctimas de la empresa Mocipar S.A. Los acusados son Dany Edgar Xavier Durand Espínola, Fernando Román Fernández, Luz Marina González De Durand, Diana Teresita Britos De Román, Favio Arturo Britos Ocampo y María Patricia Espínola Durand. Se habla de un perjuicio patrimonial que asciende a Gs. 665.004.000.
La investigación del Ministerio Público sostiene que los acusados lideraron durante más de una década un esquema fraudulento disfrazado de negocio legal, que operaba bajo las marcas Mocipar Automotores, Mocipar Propiedades y Mocipar Hogar S.A. A través de contratos de adhesión, el grupo prometía viviendas, vehículos y electrodomésticos que nunca eran entregados a los clientes, pese a que estos abonaban durante años cuotas mensuales que en muchos casos superaban los 60 pagos.
El Ministerio Público y las querellas particulares coincidieron en que se trató de una estructura empresarial ilícita, que utilizaba estrategias mediáticas como el programa televisivo “Domingo en Familia”, transmitido por 16 temporadas, para captar la confianza de miles de familias paraguayas. Según la acusación, la finalidad nunca fue cumplir con los contratos, sino enriquecerse ilícitamente con el dinero de los aportantes.
Los fiscales Hernán Galeano, Julio Ortiz, Silvio Alegre y Julio Paredes presentaron en la audiencia una ratificación de la acusación, solicitando la elevación de la causa a juicio oral y público. Identificaron al menos 31 víctimas directas, con un perjuicio económico que ronda los Gs. 665 millones, aunque se presume que el daño patrimonial global alcanzaría a cientos de afectados en todo el país.
Entre los testimonios más impactantes figuran los de Casildo Jiménez, Zunilda Álvarez de Colmán, Elizabeth Grunert y Juan Manuel Correa, quienes relataron cómo fueron persuadidos en reiteradas ocasiones a firmar nuevos contratos bajo la promesa de adjudicación de bienes, pero nunca recibieron nada a cambio. Los denunciantes sostienen que la maniobra fue sistemática y deliberada.
La querella adhesiva, representada por las abogadas Gessy Ruiz Díaz y Andrea Escobar, enfatizó que el caso no se trata de simples incumplimientos civiles, sino de una estafa planificada desde el origen de los contratos, en la que se utilizaron falsas expectativas y cláusulas engañosas para retener a los clientes y seguir captando dinero.
Durante la diligencia judicial, la defensa de los acusados, encabezada por los abogados Óscar Tuma y Víctor Hugo Aguilar Mendoza, buscó desvirtuar las acusaciones alegando que las operaciones correspondían a compromisos comerciales fallidos y no a un ilícito penal. Sin embargo, la Fiscalía insistió en que los documentos y las pruebas recabadas demuestran una intencionalidad clara de fraude.
