La defensa del exministro Dany Durand, ejercida por el abogado Óscar Tuma, solicitó al Tribunal de Sentencia presidido por Matías Garcete la autorización para transmitir el juicio oral y público relacionado con denuncias vinculadas a la firma Mocipar. El pedido fue planteado bajo el argumento de que parte de la cobertura mediática estaría presentando fragmentos editados de las declaraciones realizadas durante el proceso.
Durante declaraciones a la prensa, Tuma señaló que la defensa busca que la ciudadanía pueda acceder directamente al desarrollo íntegro del juicio y formar sus propias conclusiones. Según expresó, algunas publicaciones habrían resaltado únicamente partes de testimonios que, a criterio de la defensa, no reflejan de manera completa el contenido de las audiencias.
El abogado sostuvo que uno de los aspectos centrales de las declaraciones testificales fue que varios denunciantes reconocieron conocer las condiciones de los contratos firmados con Mocipar, así como el mecanismo de sorteos implementado por la empresa. Indicó que, durante el interrogatorio realizado por la defensa, los propios testigos habrían admitido conocer sus obligaciones contractuales, entre ellas el pago de cuotas y las condiciones para la entrega de bienes.
En ese sentido, Tuma afirmó que las pruebas documentales incorporadas al juicio demostrarían que los denunciantes tenían conocimiento de las cláusulas contractuales y de los procedimientos establecidos por la firma. Según manifestó, también existen documentos de rescisión firmados por los propios denunciantes tras el incumplimiento de pagos. El defensor argumentó que quienes rescindieron voluntariamente sus contratos por falta de pago posteriormente acudieron a formular reclamos judiciales. A criterio de la defensa, esa situación evidencia que los firmantes comprendían las condiciones pactadas originalmente.
No obstante, Tuma reconoció que existirían algunos casos en los que determinadas personas sí tendrían derecho a reclamar. Señaló que, de las 31 personas denunciantes, “cuatro o cinco” habrían sido adjudicadas y posteriormente dejaron de pagar debido a la quiebra de Mocipar, situación que, según indicó, fue reconocida incluso dentro del proceso concursal.
El abogado mencionó que la sindicatura habría identificado esos casos específicos como acreencias reconocidas dentro de la quiebra. Según explicó, se trataría de clientes que venían cumpliendo con sus pagos y que se vieron afectados por la situación financiera de la empresa.
Asimismo, la defensa insistió en diferenciar los hechos ocurridos antes y después del año 2017, año en que, según Tuma, Dany Durand dejó de estar vinculado a la administración de Mocipar tras vender la empresa. El abogado sostuvo que varias de las situaciones denunciadas corresponden a una administración posterior y que esas actuaciones ya no guardan relación con su defendido.
En relación con la solicitud de transmisión del juicio, Tuma indicó que el Tribunal le manifestó que, al tratarse de un juicio público, no existirían inconvenientes para que la defensa también instale cámaras y realice transmisiones propias del desarrollo de las audiencias.
Finalmente, el abogado reiteró sus críticas a ciertos enfoques periodísticos sobre el caso y sostuvo que la difusión íntegra de las audiencias permitiría a la ciudadanía observar directamente las declaraciones de testigos, la incorporación de pruebas documentales y los argumentos de ambas partes dentro del proceso judicial.
