El Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Manuel Aguirre Rodas e integrado por las juezas Rossana Maldonado y Lourdes Garcete, rechazó el recurso de reposición promovido por la defensa de Fernando Román Fernández, Diana Britos y Favio Britos, y ratificó la providencia que fijó para el 1 de febrero de 2027 el inicio del juicio oral y público en una de las causas de Mocipar. No obstante, el Colegiado concedió el trámite de la apelación en subsidio y remitió el expediente a Cámara para su estudio.
El recurso había sido presentado por el abogado Felipe Sánchez, quien sostuvo que el Tribunal de Sentencia ya no tenía competencia para seguir interviniendo en la causa debido a una resolución anterior que había dispuesto la acumulación del expediente con otro proceso penal. Según la defensa, esa decisión había quedado firme, por lo que la convocatoria a juicio oral vulneraba los principios de seguridad jurídica y preclusión procesal.
Durante la audiencia, el fiscal Hernán Galeano, solicitó el rechazo del planteamiento, argumentando que la acumulación nunca pudo concretarse porque el otro proceso ya había iniciado el juicio oral y público, situación que hacía materialmente imposible ejecutar aquella resolución. Además, recordó que la propia Fiscalía desistió del pedido de acumulación y que el Tribunal de Apelación tuvo por desistidos los recursos relacionados con ese incidente. La querella adhesiva también pidió confirmar la providencia recurrida.
Los jueces concluyeron que la acumulación de causas se volvió operativamente imposible debido al avance del otro proceso, por lo que consideró que nunca perdió competencia para seguir entendiendo en el expediente. Asimismo, señalaron que la fijación de una nueva fecha para el juicio oral constituye una decisión válida ante la imposibilidad de concretar la acumulación inicialmente prevista.
Antecedentes
Según la acusación del Ministerio Público, el presunto esquema habría comenzado alrededor de 2006, se habría extendido durante más de una década y culminado entre finales de 2019 y comienzos de 2020. La operativa atribuida al Grupo Mocipar consistía en ofrecer vehículos, viviendas, terrenos y electrodomésticos mediante planes de pago en cuotas, promocionados principalmente a través del programa televisivo “Domingo en Familia”, creado y conducido por Dany Durand entre 2003 y 2014.
El espacio televisivo, que permaneció aproximadamente 16 temporadas al aire, incluía el segmento denominado “Sorteos del Grupo Mocipar”, mediante el cual se difundían los planes ofrecidos por Mocipar Automotores S.A., Mocipar Propiedades S.A. y Mocipar Hogar S.A.
La Fiscalía sostiene que los directivos y representantes de estas empresas habrían establecido una estructura destinada a captar mensualmente dinero de los clientes. Las personas ingresaban a planes para adquirir automóviles, viviendas o electrodomésticos y abonaban cuotas durante varios años; sin embargo, pese a cumplir con los pagos o alcanzar las condiciones de adjudicación, numerosas víctimas no habrían recibido los bienes prometidos.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, cuando los clientes concluían sus planes sin obtener la contraprestación, habrían sido presionados para aceptar contratos más extensos o cambiar el bien inicialmente pactado por otro. La supuesta advertencia era que, en caso de rechazar el nuevo plan, perderían todo el dinero aportado. Aun después de aceptar las modificaciones y continuar pagando, tampoco habrían recibido los bienes sustitutos.
La acusación señala que los contratos utilizados eran formularios similares, mediante los cuales las empresas se comprometían a entregar vehículos, incluso unidades cero kilómetro, construir viviendas, transferir inmuebles o proporcionar electrodomésticos. La Fiscalía sostiene que, al llegar el momento de la adjudicación o finalizar el pago de las cuotas, las firmas no habrían cumplido con sus obligaciones.
De esta manera, los clientes habrían dispuesto de su patrimonio bajo la creencia de que recibirían los bienes contratados, produciéndose el consecuente perjuicio económico. La causa comprende 35 víctimas, con contratos, periodos de pago y montos diferentes, aunque todos los casos responderían, según el Ministerio Público, a una misma modalidad.
Entre los hechos individualizados se encuentran clientes que aportaron durante varios años a planes de viviendas, automóviles y dúplex. Los perjuicios atribuidos varían desde montos cercanos a G. 1.500.000 hasta sumas superiores a G. 80 millones. Entre los casos citados por la Fiscalía figuran personas que completaron decenas de cuotas, fueron declaradas adjudicadas o aceptaron el cambio de un plan a otro, pero finalmente no habrían recibido ninguna contraprestación.
La Fiscalía también afirma que Mocipar Automotores no habría contado con la capacidad suficiente para entregar la cantidad de vehículos comprometidos. Informes de la entonces Dirección General de Aduanas revelarían escasas importaciones entre 2008 y 2014 y ninguna operación posterior a ese periodo. Los automóviles importados habrían sido usados, pese a que la empresa ofrecía en algunos contratos vehículos cero kilómetro. Tampoco se habrían registrado compras relevantes a proveedores locales entre 2008 y 2019.
Respecto de Mocipar Propiedades, el Ministerio Público sostiene que la empresa tampoco habría dispuesto de suficientes inmuebles para cumplir con todos los contratos. Incluso, algunos bienes comprometidos con clientes habrían sido posteriormente transferidos a terceras personas. La cantidad de denuncias y contratos incumplidos también estaría documentada en los expedientes de quiebra de las empresas.
La tesis fiscal plantea que los aportes recibidos de los clientes habrían servido para mantener operativas a las firmas y permitir que sus accionistas y representantes siguieran percibiendo remuneraciones, distribución de utilidades y pagos como supuestos prestadores de servicios.
La acusación menciona además que, después de apartarse del Grupo Mocipar, Dany Durand habría constituido otras empresas vinculadas al rubro inmobiliario, varias de ellas con domicilio en la antigua sede de Mocipar Automotores. También sostiene que Mocipar Hogar habría sido absorbida por Mocipar Propiedades cuando ya enfrentaba una situación de falta de liquidez e insolvencia.
Por estos hechos están acusados Dany Edgar Xavier Durand Espínola, Fernando Román Fernández, Marcela Adriana Durand Martínez, Luz Marina González de Durand, Diana Teresita Britos Ocampo, Favio Arturo Britos Ocampo y María Patricia Espínola Durand.
Según la relación inicial de hechos presentada por el Ministerio Público, las operaciones investigadas representarían un perjuicio aproximado de G. 880.127.500, aunque dentro del proceso también se manejaron otras cifras conforme al número de víctimas y contratos incluidos en la acusación.
