Con relación a las declaraciones realizadas por el Fiscal Carlos Mercado respecto a un presunto caso de abuso sexual de una niña de 10 años originaria de un pueblo indígena, la cual resultó embarazada, la Ministra de la Defensa Pública, Lorena Segovia, señaló a PDS Radio que existe un consenso generalizado de que, cuando se trata de este tipo de casos, efectivamente se habla de un caso de abuso sexual. Afirmó que no existe derecho consuetudinario que pueda justificar el abuso sexual infantil.
“Esta postura no solamente la toman la Academia o la Adjudicatura, sino que también proviene de una decisión de los propios pueblos originarios que, en agosto del año pasado, sacaron un documento en el cual señalaron claramente que el abuso sexual no es una práctica consuetudinaria y esa conclusión es la que tenemos que ir desterrando y ser claros al respecto” agregó.
Señaló que el fiscal no puede desconocer la existencia de la postura tomada por los pueblos originarios sobre este tipo de hechos y no puede decir que no puede avanzar con una imputación porque hay derechos consuetudinarios de por medio. Tampoco puede utilizar los argumentos de la niña de 10 años para señalar que se justifica el consentimiento, ya que, si la menor refiere que desde hace un año tiene una relación con el presunto agresor, según lo señalado por el mismo Fiscal, no se puede considerar siquiera que esa relación existe puesto que no puede haber consentimiento real por parte de la misma.
Leer la nota aquí: https://pdsdigital.com.py/nina-indigena-de-10-anos-cuenta-con-10-semanas-de-embarazo/
Explicó que lo que se debe hacer desde la posición de agentes públicos es proteger a la menor y poder garantizar una vida libre de violencia, tratándose de una niña de 10 años en estado de gravidez, con un cuerpo que no está preparado para llevar delante de manera satisfactoria todo el proceso prenatal. Comentó que ya ha tomado intervención un defensor público y se hará el acompañamiento con el equipo técnico y también en cooperación, mediante un trabajo interinstitucional, con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.
“Más allá de este caso concreto, hay que dejar en claro una posición de que no hay derecho consuetudinario que justifique el abuso sexual y que esto no puede ser un argumento para que el Estado paraguayo no intervenga. Si eso se consideró o si dicha práctica existe, tenemos que trabajar para que esto no siga ocurriendo y no se preste a interpretaciones, que los operadores del sistema tengamos en claro que no se admite el abuso sexual infantil con el argumento del derecho consuetudinario” manifestó Lorena Segovia.
Refirió que fueron los propios pueblos indígenas los que ya han reflexionado sobre el tema y han tomado una posición, han sacado un pronunciamiento público. Esto quiere decir que se está argumentando sobre algo que ellos mismos han decidido y aclarado que no forma parte de su cultura. En agosto del año 2022 el Consejo Nacional de Salud de Pueblos Indígenas (CONASAPI) dio a conocer el documento “Recomendaciones del Consejo Nacional de Salud de Pueblos Indígenas (CONASAPI) ante el abuso sexual”, como un instrumento para las distintas instituciones que se involucran ante estos hechos, a fin de que utilicen los argumentos técnicos de salud, para avanzar en la atención de las situaciones de abuso sexual, y dejar de lado la cultura que enmarca la inacción en “cuestiones consuetudinarias”.
Resaltó que el defender el derecho a la cultura de los pueblos indígenas no significa que se deban defender las prácticas de abuso sexual infantil, ya que no es parte de su cultura, sino que es una práctica instalada y no solamente en los pueblos indígenas. Se debe partir de la causa y la causa es la asimetría de poder que existe con respecto a las mujeres y niñas, que le otorga al hombre, que es el abusador, ideas o comprendimiento de que puede disponer del cuerpo de las niñas o mujeres porque es de su propiedad y es él quien decide qué va a hacer con ella.
“Esto no solo se da en los pueblos indígenas, pero la regla general de la que tenemos que partir es que no podemos admitir el abuso sexual argumentando la cultura indígena. Justamente a raíz de todo esto y por tomar una posición clara al respecto, nosotros dentro de la Defensa Pública también vamos a revisar todas nuestras actuaciones” agregó la Ministra.
La Ministra mencionó que esto no para por el convencimiento de uno o dos agentes del sistema, sino que son posiciones institucionales que se tienen que tomar y, si existen posiciones contrarias, las mismas tienen que ser revertidas, ya que el abuso sexual infantil es un tema serio y prioritario en nuestro país y no se puede usar una argumentación que no condiga con los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
“En este caso, la niña tiene solo 10 años, por lo que no se trata de un derecho consuetudinario, se trata de un abuso sexual” aseguró.
