El abogado Guillermo Duarte Cacavelos habló sobre la elevación de la pena por invasiones a propiedades privadas e indicó que no existe ningún estudio científico que indique que al aumentar la pena de un determinado hecho punible tenga un efecto directo sobre la disminución del delito o crimen en una determinada sociedad.
Señaló que si bien es cierto de que una de las finalidades de la pena es la protección de la sociedad a través de una persuasión que establece el Estado con la advertencia del mal de la pena por el mal del delito, no es menos cierto que las causas de la criminalidad están definidas por otros aspectos.
Resaltó que en el caso de la invasión del inmueble ajeno, lo que propicia la propagación la comisión del hecho punible y más aún en épocas electorales es la impunidad, en el sentido de que ni la policía ni el Ministerio Público actúan en cumplimiento de las leyes vigentes y que se mueven con fines políticos, “miren la temperatura si les conviene o no cumplir la ley” y que ello genera la sensación de que quedan impunes ese tipo de hechos.
“Si el Ministerio Público y la Policía actuasen con las reglas de la flagrancia y se respetasen verdaderamente los derechos de todas las partes, no se tendría la necesidad de penar una acción que ya está penada”, expresó Duarte.
El abogado resaltó que al modificar un artículo de Código Penal se produce un desequilibrio en la valoración de los bienes jurídicos protegidos, en el sentido de que cuanto más preciado es el bien, más pena tiene el hecho punible que afecta al bien jurídico protegido. Señaló como ejemplo que el bien más sagrado es la vida y la pena más alta en consecuencia en hecho punible contra la vida y “hoy tenemos desproporcionalmente, ya que invadir un inmueble ajeno, cuesta más caro al delincuente que cometer un hecho punible de homicidio culposo”.
Sobre el punto indicó que al darse la desproporción se anteponen bienes jurídicos que están por debajo en la escala de valores con penas más altas y que con ello se desdibuja el sistema jurídico penal vigente en el país.
“Yo soy un defensor de la propiedad privada, pero también soy un defensor del Estado de Derecho y de las Ciencias Jurídicas”, aseveró.
