El ministro Víctor Ríos alertó que la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional está ejerciendo un control “suprajurisdiccional o metajurisdiccional” sobre las decisiones de los jueces, excediendo sus competencias reglamentarias y constitucionales, y en ese sentido, aseguró que se están usando las auditorías como mecanismo de chantaje a jueces.
Durante la sesión de la Corte, el ministro Ríos expuso que la labor de la auditoría debe limitarse a verificar indicadores objetivos sobre el cumplimiento de los plazos procesales, como controlar fechas, demoras en providencias o autos para sentencia, y suspensiones de audiencias; sin embargo, en la práctica, los auditores evalúan el mérito, el fondo y la argumentación de los fallos judiciales para recomendar sumarios y la remisión de los magistrados al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
«No se limitan a evaluar lo que establece la legislación, en este caso los plazos, algo objetivo, no tiene por qué inmiscuirse en la evaluación de las decisiones de los fundamentos de las decisiones jurisdiccionales, porque si no se convierte en una especie de control suprajurisdiccional de los jueces y no es esa la tarea de la auditoría», alertó.
Sobre el punto, mencionó algunos casos en los que quedó en evidencia estas actuaciones irregulares, como en una causa donde una magistrada dictó una medida cautelar de protección y nombró una curadora provisional en un juicio de insanidad.
En ese caso, el auditor evaluó la pertinencia de los informes médicos, la contracautela y la secuencia procesal, recomendando remitir a la jueza al Superintendencia General de Justicia y al JEM. Refirió que un auditor incluso participó físicamente en una diligencia judicial y firmó el acta correspondiente.
“¿Que los auditores vayan y participen de diligencias judiciales contra controlando a quién, para a pedido de quién? Y encima firma el acta judicial. No puede intervenir tanta impunidad o tanta tergiversación de la función de la auditoría que nos lleva a esto”, exclamó.
Indicó que la resolución cuestionada por el auditor ya había sido confirmada en segunda instancia por el Tribunal de Apelación Civil y Comercial Tercera Sala, “es decir, dos meses antes de la emisión del informe de redacción inmediata de la auditoría”.
Comentó que el informe de auditoría sostuvo que no había evaluación psiquiátrica al inicio del proceso, omitiendo los dictámenes médicos existentes. “También hay aquí mentiras. Esto sí es mentira porque dice, ‘No hay informe psiquiátrico, hay informe de psiquiatría’”.
Otro de los casos mencionados fue uno expuesto en sesiones anteriores por su par Manuel Ramírez Candia, donde Auditoría remitió un informe a la Corte afirmando que un juez no había dictado una resolución, pero tras las verificaciones se comprobó que la resolución sí existía. “Esto era mentira. La auditoría nos dio una información falsa”, alertó.
En cuatro al caso que investiga el voraz incendio que arrasó con el Cerro Chovoreca, Ríos mencionó que la Dirección de Auditoría se negó a juzgar la actuación del magistrado argumentando falta de competencia. “En ese caso, la auditoría dijo, ‘Ah, acá no podemos porque el magistrado es soberano a la hora de decidir estas cuestiones.’ Bueno, es soberano en cuestiones ambientales, pero no en cuestiones civiles”.
Cuestionó que “no puede convertirse la auditoría en herramienta de coacción y chantaje a magistrados”, incluso mencionó que los auditores, quienes solo son abogados, se toman atribuciones para evaluar y hasta recomendar sanciones para camaristas, poniendo en tela de juicio la diferencia de capacidad entre ambas partes.
En ese sentido, pidió que se convoque al Abg. Rodolfo Heyn Arias, director General de la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional.
A su turno, el ministro Ramirez Candia, remarcó que es un hecho que se viene repitiendo desde dicha Dirección señalando como principal responsable a su director, por lo que solicitó que sea suspendido provisoriamente mientras se abre una investigación sobre los casos cuestionados y designar a un nuevo titular en el cargo al por tratarse de un puesto de confianza.
Finalmente la Corte aprobó solicitar un informe pormenorizado al Consejo de Superintendencia sobre los casos expuestos; exigir una aclaración puntual sobre el alcance de la auditoría, delimitando de forma precisa sus funciones en el trabajo de campo y los límites en la emisión de sus recomendaciones y circularizar dicho informe a todos los gabinetes de los ministros.
