El acusado Enrique Javier Lovera Lezcano apeló la resolución del Tribunal de Apelación que había confirmado al juez Humberto Otazú en la causa contra la intendente de Quyquyhó, Patricia Corvalán y otros acusados por supuesta corrupción pública.
Este planteamiento vuelve a impedir que el juzgado prosiga con la audiencia preliminar que ya fue iniciada el 22 de mayo pasado. En el escrito, se solicita que se dé trámite al planteamiento y que se envié el expediente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a fin de apartar definitivamente al magistrado.
La apelación busca revertir la resolución judicial que dispuso la prisión preventiva del imputado, con base en consideraciones procesales, constitucionales y de fondo. El documento será remitido a la Cámara de Apelaciones correspondiente para su análisis y eventual resolución.
Según el Ministerio Público, los acusados habrían conformado un esquema para desviar fondos de la municipalidad del departamento de Paraguarí, principalmente durante la gestión del actual diputado Esteban Samaniego como intendente.
Samaniego también fue imputado, pero debido a su fuero parlamentario, la investigación quedó estancada. La acusación detalla cómo, entre los años 2017 y 2018, el legislador y su esposa, Patricia Corvalán, obtuvieron beneficios económicos indebidos a costa del desvío de recursos provenientes de la comuna, por un valor total de G. 1.108.599.918.
