El acusado Guido Vargas recusó al juez Humberto Otazú y logró suspender la audiencia preliminar de la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán y de otros acusados por supuesta administración en provecho propio, asociación criminal y otros.
Vargas, bajo patrocinio del abogado Juan David Campuzano, alegó que, durante su audiencia de imposición de medidas, el magistrado realizó una pre opinión al atribuirle una supuesta complicidad en la causa. Otazú elevó su informe esta mañana solicitando el rechazo de la recusación.
La causa guarda relación con el supuesto desvío de fondos por más de Gs. 1.100 millones, durante el periodo en el que el diputado Esteban Samaniego se desempeñaba como intendente.
Según el Ministerio Público, los acusados habrían conformado un esquema para desviar fondos de la municipalidad del departamento de Paraguarí, principalmente durante la gestión del actual diputado Esteban Samaniego como intendente.
Samaniego también fue imputado, pero debido a su fuero parlamentario, la investigación quedó estancada. La acusación detalla cómo, entre los años 2017 y 2018, el legislador y su esposa, Patricia Corvalán, obtuvieron beneficios económicos indebidos a costa del desvío de recursos provenientes de la comuna, por un valor total de Gs. 1.108.599.918.
