El Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado confirmó la resolución del juez Rodrigo Estigarribia que rechazó el pedido de la fiscal Irma Llano de congelar las cuentas de Enrique David Gutmann Vieira y otras 379 cuentas de Binance identificadas como contrapartes transaccionales en la causa por presunta estafa mediante sistemas informáticos y lavado de activos que involucra a Alex Junior Silva Báez y otros, tras la operación Ícaro.
La fiscal Irma Llano sostuvo que esas cuentas aparecían en reportes oficiales de Binance como receptoras de fondos presuntamente provenientes del esquema investigado y que el bloqueo era necesario para evitar la dispersión de activos digitales.
A su criterio, el juez incurrió en una contradicción al admitir que existe trazabilidad técnica entre las cuentas de los imputados y las operaciones ejecutadas dentro del ecosistema Binance; no obstante, termina rechazando la inmovilización de las cuentas.
En su análisis, la Cámara sostiene que el juez de Primera Instancia explicó perfectamente que la sola circunstancia de haberse realizado operaciones o transacciones con cuentas posteriormente vinculadas a esta investigación penal no constituye hecho suficiente para justificar el bloqueo de las cuentas, debido a que no existe aún una suficiente individualización de los titulares en 379 cuentas y la medida solicitada por la Fiscalía podría afectar de manera desproporcionada los derechos de terceros ajenos al proceso.
Bajo estas consideraciones, la Cámara, compuesta por los magistrados Gustavo Amarilla, Silvana Luraghi y Claudia Criscioni, confirmó la decisión de primera instancia, manteniendo activas las cuentas referidas.
El imputado Silva Báez cumple prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Reinserción Social “Martín Mendoza”, imputado por estafa mediante sistemas informáticos y lavado de activos. Es investigado por presuntamente liderar una estructura integrada por jóvenes con formación en informática, que operaba mediante al menos ocho cuentas “matriz” y cerca de 1.970 transacciones en criptomonedas.
El objetivo del esquema, según la hipótesis fiscal, era canalizar y ocultar más de G. 9.000 millones provenientes de estafas digitales, coordinando tanto la operativa tecnológica como el flujo del dinero dentro de la organización.
