La juez Rosarito Montanía elevó a juicio oral la causa contra Estela Colmán Otazú, Fredy Orlando Benegas Garay y Pablo César Colmán Benítez, acusados por hechos relacionados al tráfico internacional de armas en el marco del Operativo Andina.
La causa inició cuando la Dirección General de Material Bélico (DIGEMABEL), a través del Centro Nacional de Rastreo de Armas (CENARA), realizó verificaciones en la empresa importadora Carros Vía Chile S.A. los días 12 de febrero y 22 de marzo del año 2024, en el marco del control para la renovación de su registro, constatando el faltante de 198 armas de fuego que debían encontrarse en sus depósitos.
Ante ello, Pablo César Colmán Benítez sostuvo que dichas armas habían sido vendidas a la casa comercial Caza y Pesca 19 de Marzo, presentando facturas que posteriormente se comprobó no contaban con autorización de comercialización ni transporte por parte de la DIMABEL, no estaban registradas ante la autoridad tributaria, correspondían a un comercio que no se encontraba operativo y presentaban desfasajes cronológicos y timbrado vencido.
En paralelo, mediante cooperación con la Policía Federal del Brasil, se incautaron cuatro rifles pertenecientes a ese lote en territorio brasileño, mientras que las restantes armas continúan con paradero desconocido, sosteniendo el Ministerio Público que Estela Colmán Otazú, Pablo César Colmán Benítez y Fredy Orlando Benegas Garay habrían facilitado y utilizado documentación apócrifa para simular ventas inexistentes e inducir a error al organismo de control.
El Operativo Andina forma parte de una investigación compleja que incluyó tareas de inteligencia, seguimientos, análisis documentales y procedimientos autorizados judicialmente, orientados a desarticular redes dedicadas al tráfico ilícito de armas, un delito considerado de especial gravedad por su impacto en la seguridad pública y regional.
Según la acusación fiscal, los procesados habrían tenido distintos roles dentro del esquema investigado, lo que será materia de análisis y debate en la instancia de juicio oral. La juez consideró que los elementos de convicción reunidos durante la etapa preparatoria resultan suficientes para sostener la acusación y someter el caso al control de un Tribunal de Sentencia.
En su resolución, la magistrada valoró que la acusación reúne los requisitos formales previstos en la normativa procesal vigente, así como la existencia de indicios relevantes que deberán ser examinados con amplitud probatoria durante el juicio, donde las partes podrán producir y controvertir las pruebas ofrecidas.
