La juez Lici Sánchez decretó la prisión preventiva de seis personas imputadas tras el Operativo Barret, mediante el cual se buscó desbaratar uno de los brazos de apoyo de una estructura dedicada al narcotráfico.
Se sospecha que las mismas colaboraban con información sensible y en la provisión de armas para el esquema de Felipe Santiago Acosta, alias “Macho”, principalmente en el lado brasileño. Se trata de Giovani Zárate Jiménez, Alexandro Dos Reis Acosta, Rodney Villalba González (militar), Jorge Daniel Villalba González (militar), José Ignacio Ramírez y Germán Lezcano Ojeda (policía), todos sindicados como autores o cómplices de delitos como tráfico de drogas, comercialización ilícita, tráfico de armas, asociación criminal y cohecho pasivo agravado, según la tipificación establecida en las leyes 1340/88 y 4036/10, en concordancia con el Código Penal.
La imputación fue presentada por el fiscal José Martín Morínigo en el marco de la Operación “Barret”, iniciada a partir de una solicitud de la Policía Nacional en febrero del año 2024, tras detectarse una nueva estructura criminal que habría surgido tras el debilitamiento del clan liderado por Felipe Santiago Acosta Riveros, alias “Macho”, quien se dio a la fuga a finales del 2023 luego del operativo “Ignis”.
Según la investigación, el grupo liderado por Zárate se dedicaría a la producción, acopio, tráfico y comercialización de marihuana a gran escala, con un esquema de operación altamente estructurado y conexiones con agentes estatales. Además, al menos 50 personas formarían parte del entramado, entre ellos ciudadanos paraguayos, algunos pertenecientes a comunidades indígenas y brasileños.
La Fiscalía afirma que el grupo coaccionaba a propietarios rurales de la zona para apoderarse de sus tierras y destinarlas a cultivos ilegales. También utilizaban tácticas de manipulación social, como la provisión de víveres a comunidades indígenas vulnerables, a fin de ganar su respaldo y evitar denuncias. Además, contaban con protección de efectivos policiales y militares, quienes recibían pagos a cambio de alertar sobre movimientos de las fuerzas de seguridad.
Durante la investigación se utilizaron técnicas especiales como interceptaciones telefónicas, seguimientos y verificaciones in situ, con las cuales se logró identificar la logística operativa del grupo, su jerarquía interna y la red de protección institucional.
Con estas imputaciones, la Fiscalía busca avanzar hacia el desmantelamiento total de esta nueva facción criminal, que aspira a ocupar el vacío de poder dejado por otras estructuras desarticuladas en la región fronteriza y cuyo impacto trasciende las fronteras paraguayas debido al volumen del comercio ilegal.
