En el marco del denominado Operativo Dulzura, el juez penal de garantías Osmar Legal resolvió oponerse al pedido de sobreseimiento provisional solicitado por el Ministerio Público a favor de Matías Joel Chamorro Ortíz, imputado por los supuestos hechos punibles de tráfico internacional de drogas y asociación criminal.
La causa se vincula a la incautación récord de 4.013 kilogramos de cocaína, hallados mimetizados entre bolsas de azúcar destinadas a la exportación.
La decisión judicial fue adoptada durante la audiencia preliminar realizada en la cual el fiscal interviniente, Christian Ortiz Riveros, había requerido el sobreseimiento provisional alegando que, pese a las extensas diligencias investigativas realizadas junto a la SENAD, no se había logrado aún una certeza suficiente sobre el grado de participación de Chamorro Ortíz en los hechos investigados. La defensa técnica, por su parte, prestó conformidad a dicho requerimiento y solicitó además la revocatoria de la prisión preventiva.
No obstante, tras analizar los fundamentos expuestos por las partes, el magistrado consideró necesario activar el trámite de oposición previsto en el art. 358 del Código Procesal Penal, remitiendo el expediente a la Fiscalía General del Estado, que deberá revisar el requerimiento conclusivo y optar por ratificar el sobreseimiento provisional o formular acusación. Según señaló el juez, este mecanismo constituye un control interno destinado a garantizar el principio de objetividad en el ejercicio de la acción penal.
En su resolución, el juzgado también resolvió mantener la prisión preventiva de Matías Joel Chamorro Ortíz, al entender que persiste el peligro de fuga, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos atribuidos, el elevado marco penal aplicable y la posibilidad de que el requerimiento fiscal sea modificado por la autoridad superior. En ese contexto, el juez rechazó el pedido de arresto domiciliario planteado por la defensa, aun frente a las cauciones ofrecidas.
Chamorro Ortíz se desempeñaba como síndico de la firma Chokokue S.A., empresa que, según la hipótesis fiscal, habría sido utilizada como estructura legal para encubrir el envío de la carga contaminada con cocaína, preparada en el puerto privado de Caacupémi con destino final al puerto de Amberes, Bélgica. La investigación sostiene que la droga fue ocultada entre bolsas de azúcar, valiéndose de documentación societaria y comercial presuntamente simulada.
Con la remisión del expediente a la Fiscalía General, el proceso queda ahora a la espera de un pronunciamiento que definirá si se confirma el sobreseimiento provisional solicitado por el fiscal interviniente o si, por el contrario, se impulsa una acusación formal contra el imputado, en una de las causas más relevantes de tráfico internacional de drogas detectadas en el país en los últimos años.
