El juez de Crimen Organizado Osmar Legal autorizó la búsqueda y extracción de datos de dos DVR que podrían contener información relevante para la investigación en torno a la empresa de armas Global Hawk Defense (GHD), sospechada de traficar armas en el marco de la causa conocida como “operación ferrum”
La causa se centra en las actividades de José Elías Gómez Espínola y Jesús Antonio Domínguez, quienes, según la investigación del Ministerio Público, habrían organizado y coordinado actividades relacionadas con la tenencia, comercialización y tráfico ilícito de armas de fuego y accesorios.
El Fiscal Christian José Ortiz, titular de la Unidad Penal N° 12 Especializada en la lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, solicitó la autorización judicial para la extracción de datos de acústica e imagen de los aparatos, argumentando que los equipos informáticos referidos podrían contener datos importantes para la investigación (audios, fotografías, videos, etc.) Se busca evitar la pérdida de información valiosa por una inadecuada manipulación o avería de los dispositivos.
Los dispositivos que serán sometidos al peritaje son un equipo DVR marca HIKVISION de color blanco, con un mouse y un transportador de color negro, serie N° AC5717903, modelo DS-7104HGHI – MI y Un DVR, marca HIKVISION, modelo DS-7104HGHJ – MI, serie N° AA2974402, con su cable de poder.
Según la investigación, José Elías Gómez se encargaba de reclutar y pagar a personas para simular la compraventa de armas de fuego en la empresa «Global Hawn Defense», donde Jesús Domínguez se desempeñaba como empleado. Domínguez, por su parte, habría gestionado las documentaciones necesarias y realizado las tomas fotográficas requeridas para los trámites, simulando posteriormente el retiro de las armas por parte de los compradores, armas que presuntamente no habrían sido entregadas y cuyo paradero actual es desconocido.
Se presume que este esquema criminal simuló la venta de 67 armas de fuego con números de serie correlativos, para luego trasladarlas a ciudades fronterizas y venderlas a grupos criminales.
El Juzgado designó al Lic. Jorge Enrique Lugo como perito propuesto por el Ministerio Público, quien deberá prestar juramento en fecha 04 de marzo. Además de ello, se intimó a las defensas de los encausados para que, en un plazo de 72hs. designen sus propios peritos y puntos de pericia, proveyendo además el soporte magnético o digital necesario para las copias de la información extraída. También libró oficio al Ministerio de la Defensa Pública para que designe un Defensor Público de Turno para representar a los coimputados que se encuentran en estado de rebeldía.
Los puntos de pericia establecidos por el juzgado incluyen la búsqueda y extracción de imágenes, filmaciones y otros datos relevantes de los DVRs, cámaras fotográficas, videograbadoras, tarjetas de memoria y pendrives, tanto de los archivos actuales como de los eliminados. La autorización judicial se basa en el artículo 36 de la Constitución Nacional, que protege la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, pero permite su examen, reproducción o secuestro por orden judicial en casos previstos por la ley.
