Tras un megaoperativo fiscal-policial se realizó un allanamiento en la Penitenciaría Regional de San Pedro. Agentes fiscales encabezan el “Operativo Guyrahũ”, que investiga una estructura criminal dedicada al vaciamiento de billeteras electrónicas. Ya fueron identificadas cinco personas y se denunció el robo de aproximadamente Gs. 1.500.000.000.
Según las informaciones obtenidas hasta el momento, estas personas realizaban llamadas extorsivas desde su reclusión y hacían la captación de cuentas bancarias para vaciarlas. Aparentemente, cuando aún estaban en libertad, estas personas ya se dedicaban a delinquir de esta forma, algunas de ellas ya fueron condenadas por los mismos hechos. La modalidad era llamar a ciudadanos o locales comerciales buscando algún tipo de transacción.
Los responsables lograban captar la confianza del interlocutor, en algunos casos mencionando a las víctimas que ganaron algún premio, que fueron beneficiadas con programas de ayuda de alguna empresa o incluso mencionando a medios de comunicación, manifestando que habían ganado premios a través de un sorteo realizado a través de dicho medio. A partir de allí solicitaban datos personales como un número de celular, generaban un código que servía para acceder a una billetera de alguna telefonía y les pedían que provean de ese número para realizar la transferencia, momento en el cual captaban la cuenta e inmediatamente retiraban los fondos.
Estos fondos eran remitidos a otra cuenta electrónica que generaban con números de cédula que no tenían antecedentes y que estaban a su manejo. Las personas identificadas como presuntos autores son Germán Leguizamón, Alcides González Villalba, Derlis Jonathan Ruíz Días, Sergio Fabián Núñez, Charles Albert Arthur David Martínez. Según manifestaciones de la Fiscal Ruth Benítez, existen indicios de que existe complicidad de los funcionarios penitenciarios para el ingreso de los artículos informáticos con los que contaban estas personas, como así también de personas de afuera que colaboraron con el apoyo logístico.
Cabe mencionar que el Ministerio Público trabajó en este operativo en comunicación y con apoyo de la Policía Nacional ya que no se dio aviso al Ministerio de Defensa acerca del caso. La Fiscalía llevó adelante una investigación a partir de una denuncia trabajó netamente con las fuerzas policiales. Esto se dio en base a la presunta complicidad de las autoridades penitenciarias con los reclusos.
Ya se pudo incautar gran cantidad de elementos probatorios que hacen a la investigación e incluso, el Ministerio de Justicia tomó decisiones administrativas; en cuanto a la remisión de las personas privadas de libertad implicadas en estos hechos, los mismos serán trasladados a otros centros de reclusión y respecto a la dirección de la penitenciaría, se tomó la decisión de remover al actual director de la institución.
