La fiscal Carolina Martínez imputó a cuatro personas por los presuntos hechos punibles de estafa, lesión de confianza y asociación criminal, en el marco de una investigación por un esquema de estafa inmobiliaria que habría afectado a más de 30 familias y generado un perjuicio superior a los Gs. 1.500 millones.
Los imputados son Simón Pedro Rodríguez Pissurno, Daihana Analía Lagraña Jara, Joan Rodríguez Matifol y Julio César García, este último actualmente prófugo y con orden de captura internacional activa. Los tres primeros fueron detenidos durante un allanamiento realizado en la compañía Cerro Kôi, en un operativo dirigido por la fiscal Martínez con apoyo del Departamento contra Delitos Informáticos de la Policía Nacional.
El procedimiento se enmarca en la operación denominada “Morfeo”, que investiga a una empresa constructora señalada por múltiples víctimas de haber ofrecido viviendas a bajo costo mediante contratos en tres etapas de pago. Según las denuncias, tras recibir el segundo pago, correspondiente al avance de obra, los responsables abandonaban los trabajos, dejando las viviendas sin construir y desapareciendo sin dar respuestas a los clientes.
La investigación señala que la firma habría actuado de manera sistemática y coordinada, captando a familias de escasos recursos mediante falsas promesas de viviendas accesibles, generando así un grave perjuicio económico y emocional a decenas de hogares. Las autoridades no descartan que el número de víctimas aumente a medida que avanzan las pesquisas.
Ante la gravedad de los hechos y el riesgo de obstrucción del proceso, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para los tres detenidos, mientras continúa la búsqueda del cuarto implicado, Julio César García, declarado en rebeldía. Las víctimas, muchas de las cuales entregaron sus ahorros para acceder a una vivienda propia, esperan ahora que se haga justicia y que se logre recuperar parte del dinero invertido.
