Para esta mañana estaba fijado el inicio del juicio para el presunto líder narco Julio César Duarte Servían y otros acusados por supuesto tráfico internacional de drogas. El Tribunal de Sentencia está integrado por Federico Rojas, María Luz Martínez y Dina Marchuck. La audiencia oral fue suspendida debido a una recusación presentada por la defensa.
Al respecto, la Fiscal Fabiola Molas manifestó que la defensa de la procesada Noelia Giménez argumentó una supuesta parcialidad manifiesta por parte de los miembros del Tribunal, ya que la defensa había solicitado la posposición del inicio del juicio oral y público en base a que aparentemente la misma no contaba con la documentación completa para poder estudiar la causa y analizar la estrategia para la defensa.
“Eso se corrió traslado al Ministerio Público, acerca del pedido de la posposición y la Fiscalía básicamente mencionó que existió tiempo sustancial entre la anterior convocatoria al juicio y sobretodo que los abogados defensores que solicitaron la suspensión ya tuvieron intervención desde la etapa investigativa, también de que las presentaciones eran genéricas y no mencionaron qué evidencia o documental era la que precisaban” explicó la Fiscal.

Finalmente, el Tribunal tomó en consideración lo expuesto por ambas partes y rechazó el pedido de posposición; por ese motivo, una de las defensas planteó la recusación contra los miembros del Tribunal y el inicio del juicio se suspendió.
“Estamos confundidos respecto a si concretamente existió algún impedimento técnico teniendo en cuenta que mencionó que se trata de archivos digitales, pero para nosotros ese elemento de prueba no iba ser producido aún, o sea, no había inconvenientes en que se pueda iniciar el juicio. Nosotros entendemos que esto va a llevar diferentes e innumerables sesiones” agregó la agente.
Según la acusación fiscal, la investigación se inició a raíz de una información remitida por Brasil, en la que daban cuenta de la existencia de una organización criminal, que se dedicaría al tráfico internacional de sustancias ilícitas en dicho país, que desde el año 2014 hasta el año 2020 traficó alrededor de 19 cargamentos de cocaína, con un total de aproximadamente 3 toneladas de dicha sustancia y que utilizaría Paraguay, específicamente la ciudad de Pedro Juan Caballero para la realización de las conductas de lavado de activos vinculadas a la citada actividad criminal. Motivo por el cual se inició una causa en nuestro país, denominada Operación Status.
De acuerdo a la investigación de los fiscales antidrogas, la estructura criminal estaba integrada por varias personas, entre los principales se encuentran Emigdio Morínigo Ximenes, líder de la organización y sus hijos Jefferson García Morínigo y Kleber García Morínigo quienes coordinaban las actividades ilícitas con su padre, además de Robson Lourival Alcaraz Ayala, quien actuaba como contador y tenía a su cargo la logística financiera del grupo.
Los mencionados se trasladaron a Pedro Juan Caballero a fin de radicarse en el país, desde el año 2013 aproximadamente, con el objeto de constituir empresas con apariencias lícitas mediante el dinero producto de las actividades ilícitas desplegadas por la organización, a través de testaferros, quienes son personas del entorno familiar de los miembros de la organización y personas de su confianza. Así también, uno de los investigados es Julio Cesar Duarte Servían, quien sería accionista de una casa de cambios, a través de la cual habrían autorizado transacciones solicitadas por la organización criminal conformada por el Clan García Morínigo.
Ante dicha hipótesis, en septiembre del 2020, el Ministerio Público realizó al menos 14 allanamientos en conjunto con agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), en simultáneo con la República Federativa de Brasil, donde fueron realizados alrededor de 70 allanamientos que resultó en la incautación de bienes de alto valor vinculados al grupo criminal.
En el marco de la investigación se identificaron 17 inmuebles ubicados en distintos puntos del país valorados en alrededor de diez millones de dólares americanos, los cuales cuentan con medidas cautelares y fueron puestos a disposición de la Secretaría Nacional de Bienes Comisados e Incautados (SENABICO) para su administración al existir expectativa de comiso respecto a los mismos.