El juez Yoan Paul López elevó a juicio la causa contra Armando Javier Rotela y otros 7 acusados en la causa iniciada tras el histórico operativo que significó la «recuperación del control» de la cárcel de Tacumbú. La acusación es por supuestos hechos de motín de internos, transgresión a la ley de armas y asociación criminal.
La causa se origina en el Operativo Veneratio, una intervención de gran escala que fue llevada a cabo el 18 de diciembre del año 2023 en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, donde miembros del grupo criminal “Clan Rotela” resistieron el ingreso de fuerzas de seguridad utilizando armas de fuego, explosivos y barricadas. Según la Fiscalía, la acción fue coordinada por Rotela Ayala y ejecutada por sus principales colaboradores, conocidos como “el primer anillo” del clan.
El fiscal Marcial Machado destacó que existen «suficientes elementos de prueba» como testimonios, documentos, pericias balísticas y registros de inteligencia para sostener la acusación. Además, mencionó que el operativo fue supervisado por altas autoridades del Estado, incluyendo al presidente de la República, el ministro del Interior y jefes policiales y militares, quienes también figuran como testigos clave.
Durante la audiencia, las defensas de varios imputados, entre ellos Milciades Giménez, César Ortiz, Miguel Sarabia y otros, solicitaron el sobreseimiento provisional argumentando falta de pruebas directas y pidieron diligencias complementarias como informes penitenciarios y evaluaciones psicológicas. Otros, como la defensa de Rotela, intentaron aplicar el criterio de oportunidad, alegando que ya cumple condenas firmes por otros delitos.
La Fiscalía rechazó estas solicitudes señalando que «los hechos investigados son de gravedad extrema, con resultado de muerte de un agente policial y lesiones a más de 40 efectivos». Además, subrayó que las acciones criminales del clan Rotela son sistemáticas y organizadas, incluso con antecedentes de motines anteriores, asesinatos y toma de rehenes dentro de penitenciarías.
Los acusados se abstuvieron de declarar, salvo Milciades Giménez y Arsenio Alvarenga, quienes negaron los hechos y denunciaron condiciones inhumanas de reclusión, alegando persecución y fabricación de pruebas.
El juzgado deberá resolver en los próximos días si eleva o no la causa a juicio oral.
