El Tribunal de Apelación confirmó el juicio oral para Carol Patricia Turrini Ayala, quien fuera presidenta de la “Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua Mi Casita” y acusada de haber participado en el millonario desvío de Gs. 16.000 millones de la SENAVITAT, actualmente MUVH. El monto citado era para la ejecución del proyecto para la construcción y culminación de 321 viviendas sociales en distintas localidades del país, durante la gestión del ministro interino Hugo Núñez Alvarenga.
El fallo ratificó el A.I. N° 1044, emitido en fecha 23 de diciembre del año 2024 por el juez Mirko Valinotti, en el cual se rechazaron varios incidentes presentados por la defensa, entre ellos el de prescripción, extinción de la acción penal y suspensión condicional del procedimiento. La defensa argumentó que el plazo máximo del proceso había sido superado, pero la justicia demostró que el tiempo de suspensión del procedimiento no debía ser computado dentro de dicho período.
Uno de los puntos clave de la decisión fue la negativa a conceder nuevamente la suspensión condicional del procedimiento a la acusada. Según la Fiscalía, Turrini Ayala ya había sido beneficiada con este mecanismo en el año 2019, pero incumplió con las condiciones impuestas para reparar el daño patrimonial. Pese a Múltiples oportunidades brindadas para regularizar su situación, no cumplió con las reglas establecidas, lo que llevó a la revocación de la medida ya la posterior reapertura del caso.
El camarista José Agustín Fernández expresó su disidencia respecto a la decisión mayoritaria del Tribunal de Apelaciones, argumentando que la prohibición de apelar el Auto de Apertura a Juicio, establecida en el art. 461 del Código Procesal Penal, vulnera el derecho a la doble instancia consagrada en el Pacto de San José de Costa Rica.
Fernández sostuvo que negar la posibilidad de recurrir a esta resolución restringe el derecho a la defensa en juicio y al debido proceso, principios fundamentales de la Constitución Nacional. Además, destacó que la Corte Suprema de Justicia ya ha reconocido en fallos recientes la posibilidad de apelar resoluciones accesorias contenidas en el Auto de Apertura, como incidentes de prescripción o extinción de la acción penal, lo que refuerza su postura a favor de admisión el recurso planteado.
Con esta decisión, la justicia busca garantizar la continuidad del proceso y evitar dilataciones indebidas. Ahora, el caso será remitido al Tribunal de Sentencia, donde se determinará la responsabilidad de los acusados en un juicio oral y público. La causa reviste especial interés, ya que involucra fondos públicos destinados a la vivienda social y pone nuevamente en el centro del debate la lucha contra la corrupción en la administración pública.
