Con relación al caso de supuesta apropiación de una llave y un celular, la Fiscalía General dispuso la auditoria de dicha causa, a cargo de la Unidad de Control de Gestión Fiscal, en este sentido la carpeta fiscal será analizada en cuanto a los actos de investigación y diligencias realizadas.
Los antecedentes del caso señalan, que la joven habría iniciado una demanda laboral por despido injustificado. Tras haber iniciado la demanda laboral, la joven fue denunciada por la patronal, por el hecho de supuestamente haberse apropiado de unas llaves de oficina y un celular corporativo que era utilizado por la misma para sus labores profesionales y que le fuera proveído por el denunciante, el empresario Hugo Portillo, propietario de un medio digital donde trabajaba la joven periodista. El denunciante alegó que la llave y el celular le fueron sustraídos.
Sin embargo, la procesada explicó que una vez que le comunicaron por teléfono su desvinculación, las llaves y el celular fueron depositados bajo acta ante una Comisaría, justamente a fin de evitar que se utilice dicha situación. Ella dejó constancia en una comisaría que las llaves de la oficina donde trabajaba y el teléfono corporativo estaban a disposición de su ex jefe, el empresario Hugo Portillo.
Recordemos que en principio el fiscal Federico Leguizamón le ofreció a la señorita Lorena Espínola una salida alternativa al proceso en este caso un Criterio de Oportunidad, lo cual fue rechazada por la denunciada, puesto que la misma manifestó que no cometió hecho punible alguno y que incluso ya devolvió tanto el celular como las llaves.
Posteriormente, el fiscal presentó una imputación contra la ciudadana Lorena Espínola y además requirió se le aplique salidas alternativas a la prisión sin ningún fundamento ni requisito establecido en el Código Procesal Penal.
Cabe señalar que los mismos requisitos para la prisión preventiva se tiene que dar a fin de aplicar una salida alternativa y tales requisitos son: 1) el hecho debe ser grave, 2) debe existir elementos de convicción de la existencia del hecho y de la participación en el mismo del imputado, y 3) peligro de fuga o de obstrucción a la investigación.
