La juez Lici Sánchez declaró la rebeldía y orden de captura de nueve personas imputadas en el marco del operativo Sarambi, que se llevó adelante en Pedro Juan Caballero y que permitió desarticular una estructura criminal con vínculos internacionales, presuntamente dedicada al tráfico de drogas a gran escala.
Se trata de los imputados Marciano Denis Torales, Anderson Milciades Denis Colman, Fernando Molina Martins, Ramón Denis Rodríguez, Miguel Víctor Sanabria Torres, Mateo González Paredes, Richart Saúl Torres Cuéllar, Eduardo Chamorro Romero y Gabriel Antonio Benítez Aguilera. La magistrada ordenó la prisión preventiva de Miguel Víctor Sanabria Ferreira, Francisco Mancuello Duré y Luis Fernando Nara Aguirre, quiénes serían miembros de la citada estructura criminal
Los imputados fueron detenidos durante un operativo conjunto liderado por el Ministerio Público, agentes policiales de la Unidad de Inteligencia Sensible Antinarcóticos, FOPE y la UTP, que realizaron allanamientos simultáneos en los departamentos de Concepción y Amambay el pasado 05 de junio, en el marco de la investigación denominada “Operativo Betroka”.
Según la acusación fiscal formulada por la agente Pamela Pérez, la organización criminal utilizaba aeronaves provenientes de Bolivia para ingresar cargamentos de droga al país. Posteriormente, la sustancia era acopiada y reenviada al exterior, específicamente a Europa, oculta en cargas lícitas como almidón de mandioca. En uno de los procedimientos, realizado en la zona primaria del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en mayo del 2024, se incautaron 976 kilogramos de presunta cocaína disimulada en bolsas comerciales.
La Fiscalía sostiene que Sanabria Ferreira cumplía funciones logísticas clave, como la provisión de depósitos, vehículos y alojamiento para los miembros de la organización. Mancuello Duré sería el responsable de la custodia del arsenal de la estructura y del mantenimiento de pistas clandestinas, mientras que Nara Aguirre, vinculado a una boca de cobranza, estaría a cargo de operaciones financieras y resguardo de activos ilícitos. A este último se le encontró una escopeta oculta en su local comercial.
Durante la audiencia de imposición de medidas, la defensa alegó que los acusados tienen domicilio fijo y arraigo laboral, solicitando medidas alternativas como la presentación periódica, fianza o arresto domiciliario. No obstante, el juzgado consideró que existen suficientes elementos para presumir tanto la gravedad del hecho como riesgos procesales de fuga y obstrucción, por lo que dispuso la prisión preventiva.
