El juez especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia declaró la rebeldía de Hilarión Candia y ordenó su captura en todo el territorio nacional, en el marco de la causa que investiga un presunto perjuicio patrimonial de más de G. 12.000 millones a la Cooperativa Multiactiva Luque Ltda.
El procesado fue convocado para comparecer a la audiencia de imposición de medidas fijada para el 16 de junio de 2026. Inicialmente se intentó notificarlo en el domicilio consignado por el Ministerio Público, ubicado en la zona de Isla Bogado, Luque, pero el ujier informó que no pudo localizarlo. Los vecinos manifestaron no conocerlo y los demás procesados señalaron haber perdido contacto con él.
Candia integró la Junta de Vigilancia de la Cooperativa Luque durante el período investigado y figura entre los 16 imputados por la fiscala Sophia Galeano por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, estafa mediante sistemas informáticos y producción de documentos no auténticos.
De acuerdo con la imputación, los miembros del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia y funcionarios administrativos habrían participado en una serie de operaciones irregulares detectadas por el Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) durante una fiscalización practicada a la entidad.
Entre las principales irregularidades investigadas se encuentra una transferencia de G. 500 millones desde la Cooperativa Luque a CEMULCOOP, presuntamente realizada sin cumplir los procedimientos internos exigidos. Asimismo, se indagan refinanciaciones de créditos por más de G. 900 millones que habrían sido efectuadas sin documentación respaldatoria ni autorización de los socios afectados.
La investigación también apunta a presuntos extornos contables, alteraciones de datos en el sistema informático de la cooperativa, aprobación irregular de balances y la supuesta inserción de información no aprobada por los socios en el acta de una asamblea ordinaria. Según la Fiscalía, estas operaciones contribuyeron a generar una pérdida acumulada superior a G. 1.491 millones al cierre de mayo de 2024, mientras que el perjuicio total analizado en la causa rondaría los G. 12.000 millones.
