El juez Rolando Duarte ordenó la detención preventiva con fines de extradición del exsenador argentino Edgardo Kueider y de su secretaria Iara Guinsel, requeridos por la justicia de Argentina por supuesto lavado de activos. Ambos están acusados y con arresto domiciliario en Paraguay, en una causa por supuesta tentativa de contrabando.
El pedido proviene del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de San Isidro, encabezado por la juez Sandra Arroyo Salgado, quien sostiene que Kueider, exsecretario General de la Gobernación de Entre Ríos y actual senador nacional, utilizó su cargo público para beneficiar a empresas privadas a cambio de sobornos y blanquear millonarios fondos ilícitos mediante operaciones inmobiliarias, vehículos de alta gama y cuentas bancarias en el sistema financiero local e internacional.
La investigación apunta a una compleja red económico/financiera liderada por Kueider, Guinsel Costa, Ernesto Rubel, Rodolfo González, José Nogueras y dos sociedades pantalla: BETAIL S.A. y EDEKOM S.A. A través de estas firmas, se habrían adquirido propiedades de alto valor en el edificio «Live» de Paraná (Entre Ríos), un exclusivo complejo con piscina, solárium y gimnasio, ubicado a pocas cuadras del río.
Según la Fiscalía argentina, las unidades del edificio eran formalmente de BETAIL S.A., donde Kueider posee el 50% de las acciones, aunque las expensas y administración estaban a cargo de Guinsel Costa, identificada como su secretaria desde febrero de 2024. Para los investigadores, esta maniobra fue diseñada para ocultar la titularidad real de los bienes e impedir su trazabilidad legal. También figuran operaciones sospechosas como la compra de un Peugeot 508 y una Chevrolet Trailblazer por más de USD 50.000 en total, abonados con fondos de origen ilícito, según el dictamen fiscal. Ambos vehículos estaban autorizados a nombre de Kueider y Guinsel Costa.
El epicentro del escándalo se vincula al caso ENERSA, donde se investiga el pago de coimas por parte de exdirectivos del grupo SECURITAS, entre ellos, los empresarios Marcelo y Claudio Tortul, a funcionarios públicos a cambio de contratos de seguridad. Kueider, entonces representante del Estado en el directorio de la empresa estatal de energía, habría estado al tanto de estas maniobras e incluso mantenía vínculos cercanos con los principales acusados.
En su declaración jurada, Kueider omitió declarar las unidades de BETAIL en el edificio “Live”, a pesar de figurar como vecino de los Tortul y compartir conexiones empresariales a través de sus sociedades. Investigaciones revelaron que su secretaria figuraba como la propietaria formal de las propiedades ante el consorcio, lo que podría configurar un caso de testaferrato.
Paraguay accedió al pedido de extradición basándose en el tratado bilateral de 1996. El juzgado dispuso que se notifique a la Policía Nacional, INTERPOL y a la Dirección General de Migraciones, a fin de localizar y detener a ambos imputados. También se libraron oficios a la Corte Suprema de Justicia para activar los canales de cooperación judicial internacional.
