El Juez Rolando Duarte ordenó la detención preventiva con fines de extradición del exministro de Defensa de Bolivia, Luis Fernando López Julio, requerido por el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
La causa guarda relación con supuestas irregularidades en la compra de gases lacrimógenos para las fuerzas de seguridad, durante el mandato de la expresidente del mencionado país Jeanine Áñez.

Es requerido por los hechos punibles de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y uso indebido de influencias.
Los productos químicos que ingresaron al vecino país consistieron en 5.000 unidades de granadas de mano, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 mm, 560 proyectiles de corto alcance del mismo calibre y 500 granadas de sonido y destello para exteriores.
Según los antecedentes del caso, Arturo Murillo y Fernando López, en su calidad de Ministros de Gobierno y Defensa, participaron de una reunión de Gabinete en el Palacio de Gobierno el 15 de noviembre del año 2019. En esa reunión, Jeanine Añez, quien en ese entonces fungía como Presidente, instruyó el viaje para el recojo de los agentes químicos bajo la dirección y supervisión de Murillo y López quienes realizaron el procedimiento.