La Juez Rosarito Montanía ordenó la destrucción de 429,8 kg de cocaína incautados en la zona de Presidente Hayes y que pretendían ser enviados a Europa. Previamente, se realizará un análisis químico definitivo de las sustancias en cuestión, bajo la figura del anticipo jurisdiccional de prueba. La sustancia, distribuida en 400 paquetes, fue decomisada por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) el pasado 24 de diciembre en el Departamento de Presidente Hayes.
La causa, encabezada por el Fiscal Guillermo Sanabria, involucra a una presunta organización criminal que operaba mediante tráfico aéreo desde zonas de producción de cocaína. Según la investigación, los cargamentos eran introducidos al país mediante pistas de aterrizaje no autorizadas y transportados en vehículos acondicionados hacia países vecinos.
Durante el operativo, los agentes interceptaron un camión Scania en el kilómetro 235 de Presidente Hayes. Tras una inspección inicial con el apoyo del can antidrogas «Orión», se detectaron anomalías en la cabina del vehículo. El uso de un escáner en el puerto privado de Caacupemí confirmó la presencia de los paquetes, los cuales fueron trasladados a la base de la SENAD para un análisis preliminar, que arrojó resultados positivos para cocaína.
Además de los conductores detenidos durante el operativo, se imputó a un tercer sospechoso, Diego Andrés Rojas García, señalado como un integrante clave de la estructura criminal, responsable de la logística, almacenamiento y transporte de la droga.
En atención al alto valor económico de la droga incautada y los riesgos asociados con su almacenamiento, el Juzgado dispuso que la destrucción se lleve a cabo el próximo 02 de enero en el Horno Incinerador Pirolítico de la SENAD, en Chaco’i. Antes de la incineración, se tomarán muestras representativas para análisis forense, siguiendo procedimientos establecidos por Naciones Unidas.
La magistrada subrayó la importancia de realizar estas diligencias como anticipo jurisdiccional de prueba, garantizando la validez de los procedimientos y resguardando los derechos procesales de los imputados. Asimismo, se permitirá a las defensas designar peritos para observar el análisis y asegurar la transparencia del proceso.
