La Juez Lici Sánchez ordenó la prisión preventiva de los seis detenidos durante el procedimiento en el cual una comitiva de Agentes Especiales del SIU-SENAD, en coordinación con el Ministerio Público, incautó 429 paquetes con un peso total de 456 kilos 700 gramos de clorhidrato de cocaína. Cumplirán prisión preventiva Aníbal Almada Russi (44), Alfredo Ignacio Centurión Romero (31), Reinaldo Ramón Aquino (29), Alexis Elías Centurión Romero (30), Fernando Luis Florentín Britos (45), Edgar Agustín Lambaré González (31).
El Juzgado Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado del Primer Turno de Asunción dictó la prisión preventiva para seis imputados en un caso de narcotráfico transnacional, que involucra el transporte y comercialización de 456,7 kilogramos de cocaína. Los acusados, Fernando Florentín Britos, Alfredo Centurión Romero, Alexis Centurión Romero, Edgar Lambaré González, Aníbal Almada Russi y Reinaldo Ramón Aquino, fueron interceptados en el Departamento de Misiones el pasado 04 de enero. Este fallo busca garantizar la efectividad del proceso judicial y proteger la sociedad.
El fallo se basa en la hipótesis del Ministerio Público, que describe una estructura criminal organizada dedicada al tráfico de estupefacientes. Según la imputación, los acusados transportaban la droga oculta en vehículos especialmente acondicionados. La gravedad de los hechos y la magnitud del cargamento incautado, evaluados bajo los artículos 26, 27, 42 y 44 de la Ley 1.340/88 y el Código Penal, fueron determinantes para ordenar la prisión preventiva.
La magistrada resaltó que existe un alto riesgo de fuga debido a la naturaleza transnacional del delito. Los imputados carecen de arraigo suficiente, ya que cuentan con conexiones internacionales y facilidades para abandonar el país. Asimismo, la posible condena, que podría alcanzar hasta 25 años de prisión, aumenta la probabilidad de evasión.
Otro de los fundamentos principales es el peligro de obstrucción. Según la magistrada, los acusados podrían influir en testigos, destruir pruebas o colaborar con otros miembros de la organización criminal para entorpecer la investigación. El Ministerio Público, que cuenta con un plazo de seis meses para culminar la etapa preparatoria, señaló que los imputados ocupaban roles operativos dentro de la estructura, lo que facilitaría su interferencia en las diligencias que aún quedan por realizarse.
