El juez Humberto Otazú ordenó la prohibición de innovar y de contratar sobre la lujosa propiedad del actual Diputado Esteban Samaniego y su esposa, la intendenta de Quyquyhó Patricia Corvalán, que habrían construido con Gs. 1.108.599.918 presuntamente desviados de fondos públicos. Si bien la construcción y las mejores habrían sido «costeadas» por el matrimonio, el bien aparece a nombre de Blanca Álvarez Vda. de Samaniego, madre del legislador.
Según la investigación del Ministerio Público, los acusados habrían utilizado dinero proveniente de la Municipalidad de Quyquyhó para la construcción de una lujosa vivienda familiar valuada en más de 1.100 millones de guaraníes. Esta propiedad, según los documentos judiciales, está registrada a nombre de Blanca Álvarez Vda. de Samaniego, madre del diputado, quien también está involucrada en la investigación.
El Fiscal Silvio Corbeta presentó formalmente un requerimiento ante el Juzgado solicitando la prohibición de innovar y contratar sobre el inmueble en cuestión. Esto significa que la propiedad no podrá ser vendida ni modificada hasta que se resuelva el proceso judicial en curso. La medida busca evitar cualquier alteración que pueda dificultar el cumplimiento de una eventual sentencia condenatoria.
La investigación reveló que la construcción de la vivienda fue financiada mediante una red de proveedores ficticios que desviaban dinero de la municipalidad. Entre ellos, se menciona a la empresa BH Services SRL, propiedad de un cercano colaborador del diputado, que facturó más de 500 millones de guaraníes por trabajos inexistentes.
El caso ha causado un gran revuelo en la opinión pública, con pedidos de transparencia y justicia por parte de la ciudadanía. Mientras tanto, la defensa de los acusados sostiene que se trata de una persecución política y que demostrarán su inocencia en el debido proceso. Las autoridades han asegurado que seguirán avanzando con la investigación y que no descartan nuevas imputaciones en el marco de este presunto esquema de corrupción municipal.
