En una entrevista concedida a PDS Radio, el abogado Óscar Tuma lanzó duras críticas al Ministerio Público, cuestionando el manejo de la causa conocida como «Pavo Real» y el proceso judicial contra su cliente Dany Durand. El letrado denunció contradicciones dentro del sistema de justicia y aseguró que existe una marcada presión mediática que condiciona el accionar de fiscales en la capital.
Tuma se refirió inicialmente a la situación del exdiputado Eulalio «Lalo» Gomes, cuyo nombre figura como titular en la carátula de un expediente judicial a pesar de no estar formalmente imputado. “El juez solo admitió la imputación respecto a cuatro personas. Gomes ya estaba fallecido para entonces”, explicó el abogado, quien cuestionó que el fiscal actuante “se haya opuesto a la exclusión de su nombre con argumentos falsos”.
“Nos preocupa que después de un año de investigación los fiscales no sepan quién está imputado y quién no. Es un hecho sumamente grave, sobre todo tratándose de una unidad especializada”, advirtió Tuma, agregando que el requerimiento conclusivo debe presentarse en agosto y que su equipo está “ordenando el desorden de la Fiscalía”.
Además, informó que se apeló la desestimación de la causa que investiga la muerte de Gomes y, en caso de una nueva negativa, se recurrirá a instancias internacionales por agotamiento de recursos internos.
Sobre la investigación originada por los audios y chats filtrados en los que presuntamente se involucran a actores políticos y judiciales, Tuma sostuvo que el caso no puede centrarse en una sola figura: “No queremos que esto se acote a un solo político. Perdió su investidura un diputado, pero ¿qué pasa con todos los demás actores que figuraban en los chats?”, cuestionó.
Tuma reiteró que ni él ni sus representados son parte en ese proceso, pero pidió una investigación imparcial: “Había que analizar el tenor de las conversaciones, no solo los nombres. Conversar no implica necesariamente un hecho punible”.
Además de ello el abogado se explayó sobre las múltiples causas judiciales que enfrenta su defendido, el exaccionista de Mocipar, Dany Durand. Según Tuma, existen entre 11 y 12 procesos repartidos en distintos puntos del país y en varios de ellos ya se decretaron sobreseimientos definitivos.
“Durand vendió sus acciones en 2017. Todas las denuncias vinieron en 2019, cuando él ya no formaba parte de la empresa”, explicó. Añadió que fiscales y jueces de ciudades como Villa Hayes, Chaco, Itapúa y Ciudad del Este concluyeron que no hubo estafa, ya que los denunciantes no cumplieron con el pago total de sus cuotas.
Sin embargo, en Asunción, fiscales insisten con llevar la causa a juicio oral. “Esto responde a una presión mediática de ciertos medios. Los fiscales del interior no sienten esa presión y obran conforme a derecho”, denunció Tuma.
El abogado lamentó que no se haya aceptado su solicitud de acumular todas las causas para evitar criterios contradictorios. “La ley no puede aplicarse de manera distinta según la ciudad. No puedo ser inocente en Guairá y culpable en Asunción ante el mismo hecho”, subrayó.
Óscar Tuma concluyó exigiendo igualdad ante la ley y el cese de lo que considera una “justicia selectiva”. “La Fiscalía General debe asumir la responsabilidad de haber fragmentado estos casos, generando una disparidad de criterios jurídicos que vulnera derechos fundamentales”, sentenció.
