Respecto a la imputación presentada en contra de su colega Ana Girala, su asistente y su secretaria, el Fiscal Osmar legal manifestó que se tiene sospecha suficiente para realizar la imputación ya que, gracias a la extracción del teléfono móvil de una de las funcionarias, se pudo obtener elementos de sospecha suficientes para tomar esta determinación. Se encuentran imputados Ana Girala de la Unidad de San Lorenzo, su asistente Christi Magalí Ortega, la secretaria fiscal Griselda Beatriz Acha y el abogado Marcos Aurelio Velazco por la supuesta comisión de los hechos punibles de cohecho pasivo agravado, soborno agravado y asociación criminal.
“Todavía hay elementos investigativos que concluir, pero siendo sincero, es una causa en la que probablemente vamos a concluir la investigación de manera breve debido a todas las evidencias que ya tenemos. Hay mensajes en los que ya está todo dicho, como pedidos de dinero y de otro tipo de beneficios. En una parte solicita una cantidad de dinero o de última una parrilla y hasta una mesa hecha de lapacho” mencionó el Fiscal.
En la causa, la representación fiscal había formulado imputación contra Liz Elena Martínez Robles, Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín y Griselda Beatriz Acha Alcaraz, por la supuesta comisión de los hechos punibles de Tráfico de Influencias y Cohecho Pasivo Agravado, con relación a la denuncia formulada ante la mencionada unidad penal por un hombre a quien habrían solicitado una suma de dinero a cambio de una salida procesal para su hijo procesado por Homicidio Doloso. De acuerdo a la imputación se trata de un pedido de G. 25.000.000 y posteriormente G. 7.000.000 que debía cumplir una vez realizada la audiencia preliminar. La causa penal se encuentra en su etapa preparatoria y de dichas diligencias han surgido elementos de sospecha respecto a la participación de la agente fiscal, su asistente y secretaria en los hechos investigados. El Ministerio Público ha practicado diligencias que denotarían que los hechos imputados en fecha 17 de febrero de 2.023, no serían los únicos que tengan relevancia penal y que además de las ya imputadas, existirían otros participantes, cuyas conductas habrían lesionado varias leyes penales.
“De lo que debería preocuparse ahora (Ana Girala) es de sus medios de defensa. Con las demás extracciones que faltan y algunos actos investigativos, el Ministerio Público se va a sentir hasta satisfecho, pedir un abreviado y acusar en breve” aseguró el agente del Ministerio Público.
Entre las tres funcionarias se llegaba al acuerdo acerca de las peticiones que realizarían para “beneficiar” a los usuarios del sistema judicial de manera indistinta en algunos casos y en otros de manera conjunta o paralela, habrían procedido a comunicarse con los abogados de su confianza en algunas oportunidades y en otras, de manera directa con las víctimas o procesados, para solicitar y aceptar los “beneficios indebidos” que acordaron entre las tres.
