El juez penal de garantías Humberto Otazú dispuso el arresto domiciliario para los suboficiales Eduardo Ortigoza Portillo y Gabriel Martínez Duarte, imputados por la presunta comisión de los hechos punibles de coacción, cohecho pasivo agravado y estafa, en el marco de una investigación iniciada tras un incidente ocurrido el 15 de marzo pasdo en inmediaciones de la avenida España y Eliseo Reclus de Asunción.
La decisión fue adoptada luego de la audiencia de imposición de medidas, en la que el magistrado analizó los presupuestos establecidos en el Código Procesal Penal para la aplicación de la prisión preventiva. Si bien consideró que existen indicios suficientes sobre la posible comisión de hechos punibles graves y la participación de los imputados, concluyó que los riesgos procesales, como el peligro de fuga y de obstrucción, pueden ser mitigados mediante medidas alternativas menos gravosas.
De acuerdo con la imputación formulada por el fiscal Federico Delfino, los dos agentes policiales habrían intervenido tras un accidente de tránsito y, valiéndose de su condición de funcionarios, presuntamente solicitaron dinero a la víctima bajo distintas maniobras. Según la investigación, el afectado habría entregado sumas que totalizan Gs. 2.300.000, entre transferencias y pagos en efectivo, tras ser presionado para supuestamente llegar a un acuerdo con la otra parte involucrada en el siniestro.
La causa también menciona la participación previa de un tercero que habría solicitado dinero bajo la apariencia de intermediar en el conflicto, aunque posteriormente se habría constatado que no existía vínculo alguno con la conductora del otro vehículo. La Fiscalía sostiene que los uniformados habrían aprovechado la situación para obtener un beneficio económico indebido.
En su resolución, el juez Otazú señaló que, si bien se configura un escenario que justifica la continuidad del proceso penal, los imputados no registran antecedentes y manifestaron su voluntad de someterse al procedimiento, lo que habilita la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva.
Entre las disposiciones impuestas se encuentran el arresto domiciliario con control policial aleatorio, la prohibición de salir del país y la prohibición de comunicarse con la víctima. Asimismo, se ordenó la implementación de dispositivos de monitoreo electrónico, cuyo costo deberá ser asumido por los propios imputados, bajo supervisión de las autoridades competentes.
El magistrado advirtió que el incumplimiento de estas condiciones podrá derivar en la revocatoria de las medidas y la eventual aplicación de la prisión preventiva, mientras continúa la investigación fiscal sobre los hechos denunciados.
