La Defensora Pública Vilma Martínez habló acerca del caso de dos ciudadanos que estuvieron privados de libertad de manera irregular durante dos años. Al respecto, la Defensora explicó que fueron imputados y acusados por supuesta violación de la Ley 1.340/88 y su modificatoria en la Ley 1.881/2002, por el art. 27 sobre tenencia y comercialización de sustancias estupefacientes.
“En juicio oral y público obtuvimos el sobreseimiento definitivo de los mismos, mediante la nulidad absoluta del auto de apertura a juicio oral, por una serie de incidentes que hemos interpuesto al inicio del juicio” agregó la Defensora Pública.
Manifestó que al inicio de la audiencia preliminar ya había interpuesto una serie de incidentes que fueron rechazados, por lo tanto, al momento de la apertura del juicio oral, volvió a interponer incidentes como la exclusión probatoria y consecuente nulidad de elementos que fueron ofrecidos por el Ministerio Público.
Se trata del acta de procedimiento policial, un análisis primario, también el acta de anticipo jurisdiccional de prueba; la falta de notificación del acta de imputación y la consecuente nulidad absoluta de la acusación.
“Lo que me dieron fue la nulidad del auto de apertura a juicio oral, que tuvo una resolución siete días después del mismo. Se alegó que en el acta de audiencia preliminar realizada en fecha 09 de octubre del 2020, en la parte final, el juzgado penal de garantías cerró el debate e inició una etapa de liberación y preparación de la resolución” comentó.
Aseguró que, en esa parte resolutiva se dio lectura a la resolución del 16 de octubre del 2020, en total contradicción al art. 356 del Código Procesal Penal, ya que no existe tal etapa, las resoluciones deben redactarse inmediatamente al término de la audiencia preliminar, sin embargo, en este caso deliberaron durante seis días y eso fue comprobado.
“Los integrantes del Tribunal de Sentencia de la Circunscripción Judicial de Misiones, Jorge Antonio Delvalle, Cynthia Noemí Vega y Dora Maciel, por unanimidad, dieron lugar al incidente de nulidad de la audiencia preliminar y, en consecuencia, al auto de apertura del juicio oral y público. Resolvieron así sobreseer definitivamente a mis defendidos y se ordenó el levantamiento de todas las medidas cautelares decretadas en su contra” aseguró.
El Fiscal que llevó a cabo toda esta investigación y presentó tanto la imputación como la acusación fue José Raúl Agüero. Recién al momento de la audiencia de imposición de medidas cautelares les fue notificado a los procesados acerca del acta de imputación en su contra, por lo que ellos fueron llamados a su audiencia, pero no contaban con un abogado defensor, siendo violado el derecho constitucional de la legítima defensa.
