El Juez Humberto Otazú otorgó libertad ambulatoria al Intendente de Jesús de Tavarangüe Víctor Garay Olmedo (ANR), imputado por presunta lesión de confianza que habría generado perjuicio de Gs. 834.910.081 a la Comuna. El Fiscal Luis Albertini se ratificó en su pedido de arresto domiciliario.
Al respecto, el abogado José Valenzuela manifestó que el Intendente no tiene intenciones de no interponer ningún tipo de chicanas. Señaló que la Fiscalía solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, específicamente el arresto domiciliario, sin embargo, la defensa argumentó que no se reúnen los presupuestos necesarios debido a que, en base a los mismos argumentos de la Fiscalía, que dice que el Intendente podría obstruir algunos actos de investigación genéricos.
“Nosotros lo que referimos es que, a la documentación que podrían referirse, es documentación que el Ministerio Público ya tiene desde el año pasado. Esta es una causa que tiene ya más de seis meses de investigación, entonces, mal se podría hablar hoy de una posible obstrucción, que es el argumento que debe existir para el arresto” explicó el abogado.
Señaló esto ante el juzgado y solicitó la aplicación de otras medidas, debido a que creen que, si no hay argumentos racionales para el arresto, no existen motivos para prohibir a su defendido asistir a cumplir sus funciones como Intendente. Otra cosa que resaltó es que, el gobierno central ordenó el desembolso de los royalties por un valor importante, lo que se dio porque el municipio viene cumpliendo estrictamente con todos los requerimientos necesarios.
“Todo esto también le hicimos saber al Juez, por eso es que creemos que la intención de la Fiscalía es sacarle al Intendente del cumplimiento de sus funciones para que, en unos días, ante la imposibilidad de su presencia, se designe a un nuevo intendente” agregó.
Víctor Garay Olmedo fue imputado por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza que habría generado un perjuicio patrimonial de Gs. 834.910.081 provenientes de los aportes otorgados a los distritos que son sede de monumentos históricos por las leyes 5255/2014 y 6145/2018, durante el periodo fiscal del año 2022. Las irregularidades investigadas son consecuencia de un informe remitido por la Contraloría General de la República (CGR), referente a una Fiscalización Especial Inmediata (FEI) de la Dirección General de Control de Organismo Departamentales y Municipales, en fecha 04 de julio del año 2023.
Dichos informes arrojaron irregularidades en 25 puntos desarrollados en 115 páginas. En el marco de la investigación, la Fiscalía había realizado cuatro allanamientos en fecha 20 de noviembre del año 2023 con el fin de incautar los documentos respaldatorios. La CGR refiere en su informe pagos por Gs. 113.000.000 efectuados a la arquitecta María Laura Bonette para la fiscalización de obras durante el ejercicio fiscal 2022. Sin embargo, la comuna no cuenta con el informe del trabajo realizado en los legajos de rendición de cuentas. Además de ello, la mujer había manifestado que nunca prestó servicios a la Municipalidad de Jesús de Tavarangüe y que ni siquiera cuenta con su título de arquitecta, según la imputación presentada.
