El juez penal de garantías Mirko Valinotti resolvió aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva a Paola Geraldine Silveira Dürrling, imputada por la presunta comisión de los hechos de producción de documentos no auténticos, estafa y cobro indebido de honorarios, en el marco de una investigación impulsada por el Ministerio Público.
La decisión se adoptó tras la audiencia de imposición de medidas, en la que el juzgado analizó los presupuestos establecidos en el Código Procesal Penal para la aplicación de la prisión preventiva, concluyendo que estos no se encontraban plenamente configurados y que podían ser sustituidos por medidas menos gravosas que aseguren la sujeción de la imputada al proceso.
Silveira Dürrling, exfuncionaria diplomática que se desempeñó como consejera y encargada de negocios en la Embajada del Paraguay en el Reino Unido, fue imputada en marzo de este año por el fiscal Oscar Delfino. La investigación se originó tras una denuncia penal presentada en el año 2025, que la vincula con supuestas irregularidades relacionadas al uso de títulos académicos presuntamente falsos.
Según la imputación, estos documentos habrían sido utilizados para acceder y mantenerse en cargos dentro del servicio exterior, lo que derivaría además en un eventual cobro indebido de honorarios y otros beneficios asociados al cargo. No obstante, el juzgado recordó que la calificación jurídica es provisoria y podrá modificarse conforme avance la investigación y se incorporen nuevos elementos de convicción.
Al evaluar el pedido fiscal y las circunstancias del caso, el juez consideró que existen indicios sobre la posible comisión de los hechos investigados y la participación de la imputada. Sin embargo, también tuvo en cuenta elementos que atenúan los riesgos procesales.
En particular, destacó que la encausada cuenta con domicilio fijo en el país que permite acreditar arraigo y que ha demostrado voluntad de someterse al proceso. Asimismo, no se verificaron elementos suficientes que permitan sostener un peligro concreto de obstrucción de la investigación, como la posibilidad de manipulación de pruebas o influencia indebida sobre testigos.
En cuanto al peligro de fuga, si bien el juzgado reconoció que la expectativa de pena podría ser elevada, concluyó que dicho riesgo puede ser razonablemente neutralizado mediante la imposición de medidas alternativas.
El magistrado subrayó además que la prisión preventiva es una medida de carácter excepcional y no debe ser aplicada como una pena anticipada, en consonancia con lo dispuesto por la Constitución Nacional, el Código Procesal Penal y estándares internacionales en materia de derechos humanos.
En ese contexto, el juzgado resolvió imponer a Silveira Dürrling una serie de obligaciones orientadas a garantizar su comparecencia y el normal desarrollo del proceso, como fijar residencia en el domicilio declarado, con prohibición de modificarlo sin autorización judicial y prohibición de salir del país sin autorización del juzgado.
Además de ello, la procesada deberá comparecer de manera mensual ante el juzgado, entre los días 01 y 10 de cada mes, presentar caución real consistente en un inmueble de su propiedad, hasta cubrir la suma de Gs. 2.454.537.910. Presentación, en un plazo de 20 días hábiles, de la documentación que acredite la titularidad del inmueble ofrecido como garantía y una caución juratoria de someterse al proceso y cumplir con todas las citaciones judiciales.
El juzgado advirtió que el incumplimiento de estas condiciones podría derivar en la revisión de las medidas y eventualmente en la aplicación de una medida más gravosa.
La causa se encuentra actualmente en etapa preparatoria, en la que el Ministerio Público continúa con la recolección de evidencias. En esta fase, el rol del juez se limita al control de legalidad de la investigación y a garantizar los derechos de las partes, sin pronunciarse aún sobre la responsabilidad penal de la imputada.
La resolución reafirma el criterio judicial de priorizar medidas menos restrictivas de la libertad cuando estas resultan suficientes para asegurar los fines del proceso penal.
