Ante el juez de garantías Humberto Otazú se llevó a cabo la audiencia de imposición de medidas en el marco de la causa en la que se encuentra procesada la exfiscal Egidia Gómez Denis, investigada por la presunta comisión de los hechos punibles de cohecho pasivo agravado y frustración de la persecución penal.
La imputación fue presentada por el fiscal Néstor Coronel en noviembre del 2025. Según el Ministerio Público, la exrepresentante fiscal habría participado, junto con otras personas, en supuestas gestiones destinadas a favorecer procesalmente a un tercero, a cambio de sumas de dinero. El caso guarda relación con la causa de Walter Galindo, condenado por hechos de narcotráfico.
Durante la audiencia, el juzgado analizó los presupuestos legales establecidos en el Código Procesal Penal para la aplicación de medidas cautelares. En ese contexto, se consideró que existen elementos suficientes sobre la posible participación de la imputada en los hechos investigados, así como la necesidad de asegurar su sometimiento al proceso.
No obstante, el magistrado valoró que no se configuran de manera suficiente los riesgos procesales que justifiquen la prisión preventiva. Entre los aspectos considerados se encuentran la comparecencia voluntaria de la procesada, la ausencia de antecedentes penales y la presentación de documentación que acredita arraigo, como certificado de vida y residencia, además de la oferta de un inmueble como caución.
En consecuencia, el juez resolvió aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva. Entre ellas, se dispuso la obligación de residir en el domicilio declarado y no modificarlo sin autorización judicial, la prohibición de salir del país, la comparecencia mensual ante el juzgado para firmar el libro de asistencia, así como la obligación de acudir a todas las citaciones judiciales.
Asimismo, se aceptó como caución real un inmueble ubicado en la ciudad de Pedro Juan Caballero, sobre el cual se ordenó trabar embargo preventivo hasta cubrir la suma de Gs. 150 millones. El incumplimiento de cualquiera de estas medidas podrá derivar en su revocatoria.
La causa continúa en etapa investigativa, con la imputada sujeta a las condiciones impuestas por el juzgado, mientras el Ministerio Público prosigue con la recolección de elementos probatorios.
