Una Cámara de Apelación Penal resolvió otorgar una prórroga extraordinaria de seis meses a la fiscal Yeimy Adle para la presentación del requerimiento conclusivo en la causa que involucra al exfiscal de Emboscada Bernardo Javier Elizaur Aguirre, investigado por el supuesto hecho punible de cohecho pasivo agravado.
La decisión se enmarca en la causa en la que también se encuentra imputada Lilian Andrea Florenciano Alfonzo, su asistente fiscal. Según los antecedentes, ambos habrían solicitado una suma de dinero a cambio de beneficiar a una persona procesada, lo que motivó la apertura de la investigación por parte del Ministerio Público.
El pedido de prórroga fue presentado el 13 de marzo pasado por la fiscal interviniente, en cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal. La representante del Ministerio Público argumentó que aún se encuentran pendientes diligencias clave para el avance de la causa.
Entre las actuaciones pendientes se destaca la extracción y análisis de datos contenidos en equipos informáticos y teléfonos celulares incautados durante un allanamiento, elementos que, según la Fiscalía, podrían constituir prueba digital relevante para sustentar la acusación en un eventual juicio oral.
El Tribunal de Apelación consideró que la solicitud se encuentra debidamente fundada, señalando que la obtención y procesamiento de dicha evidencia técnica requiere un tiempo adicional razonable, especialmente atendiendo a la complejidad del análisis y a la necesidad de garantizar la integridad de los datos.
Asimismo, se destacó que la extracción de información fue solicitada y autorizada oportunamente, pero su ejecución aún no se ha concretado, lo que constituye un motivo objetivo para ampliar el plazo de investigación sin afectar las garantías procesales de las partes involucradas.
En ese sentido, los magistrados resolvieron hacer lugar al pedido fiscal y conceder la prórroga extraordinaria por seis meses, al considerar que dicho plazo resulta indispensable para completar las diligencias pendientes y fortalecer el sustento probatorio del caso.
Como consecuencia de esta decisión, se fijó el 14 de octubre del 2026 como nueva fecha límite para que el Ministerio Público presente su requerimiento conclusivo, que podrá consistir en una acusación formal u otra salida procesal conforme a derecho.
