El Tribunal de Apelación otorgó 6 meses más a la fiscalía para investigar al exdirector financiero de la Municipalidad de Asunción, Wilfrido Cáceres, a su esposa Ruth Da Silva, su secretaria Camila Ramírez Gómez y a Elvira Vda de Ramírez Gómez, en la causa abierta por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Los fiscales Silvio Corbeta y Luis Piñánez deberán presentar su requerimiento conclusivo el 13 de mayo del 2025.
“En esta investigación se vienen desarrollando varios actos de investigación para la obtención de elementos probatorios que sostengan un requerimiento conclusivo fundado y acorde a los elementos con que se cuentan, en cumplimiento a la objetividad que deben regir las actuaciones fiscales, como para que el propio procesado tenga la garantía de que el requerimiento conclusivo que sea presentado esté ajustado estrictamente a derecho y conforme a lo obtenido durante la investigación” se lee en el escrito del Ministerio Público.
Los agentes refieren que es preciso extender el plazo de la etapa preparatoria atendiendo a que actualmente se encuentran pendientes de realización varias diligencias de suma importancia, ya que forman parte de los elementos probatorios del requerimiento fiscal. La carpeta requiere de un estudio minucioso y pormenorizado de todas las circunstancias que hayan acontecido a lo largo del tiempo (10 años atrás y/o periodo de ejercicio de la función pública), según lo expuesto.
El Ministerio Público tomó conocimiento del hecho a partir de una denuncia realizada por la Contraloría General de la República (CGR), institución que comunicó el resultado de una auditoría que concluyó en la inconsistencia patrimonial sobre lo declarado por Cáceres Flores en el periodo comprendido entre los años 2019 y 2021, tiempo en que cumpliera funciones en la Municipalidad de Asunción.
Se desempeñó como asesor profesional contratado por la Junta Municipal de Asunción, Director General de Gabinete y Director General de Administración y Finanzas, lo cual, conforme a la Ley Orgánica Municipal, le otorga facultades administrativas sobre el patrimonio municipal. En ese sentido, la Contraloría concluyó sobre la no correspondencia de todos los bienes declarados y los ingresos obtenidos por Cáceres y su esposa Ruth Jazmín Da Silva Almirón, teniendo en cuenta el análisis patrimonial realizado a partir de las declaraciones juradas, cruzadas con las informaciones obtenidas de entes públicos y privados.
En la presente causa se presentó una primera imputación en fecha 13 de mayo del corriente año. Una serie de elementos fueron relevantes para el descubrimiento de la participación de más personas en los hechos inicialmente investigados, que se transcribieron en una segunda imputación, presentada el 4 de julio.
