El juez de garantías Rodrigo Estigarribia resolvió conceder la suspensión condicional del procedimiento a dos altos funcionarios del Banco Nacional de Fomento (BNF), procesados en una causa por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, pese a que el perjuicio atribuido a los hechos investigados asciende a aproximadamente Gs. 3.500 millones.
La medida beneficia a Victoriano Achar Bernal, gerente de la sucursal del BNF en San Juan Bautista, Misiones y a Edén Gabriel Morel Peralta, subgerente de la misma dependencia, quienes se encontraban imputados por hechos vinculados al manejo irregular de fondos públicos. Ambos evitarán el juicio oral mediante esta salida procesal alternativa, prevista en el Código Procesal Penal para casos en los que la expectativa de pena no supera los dos años de prisión, según la resolución.
Como condición principal, los procesados deberán abonar Gs. 70 millones cada uno al Banco Nacional de Fomento, en concepto de reparación del daño patrimonial, suma que será cancelada en 12 cuotas mensuales. Adicionalmente, deberán realizar un pago único de Gs. 5 millones cada uno en concepto de reparación social, destinado a entidades de beneficencia. En conjunto, el monto total comprometido representa una fracción mínima en relación con el presunto perjuicio económico ocasionado a la entidad bancaria estatal.
La resolución fue adoptada con el acuerdo del Ministerio Público y la conformidad del directorio del BNF, que aceptó la propuesta de reparación presentada por las defensas. No obstante, el contraste entre la gravedad de los hechos investigados y el alcance económico de la restitución acordada vuelve a instalar el debate sobre la proporcionalidad de las salidas alternativas en causas vinculadas a delitos económicos que afectan recursos públicos.
Además de las obligaciones económicas, los beneficiarios deberán cumplir reglas de conducta durante un plazo de un año, entre ellas la comparecencia periódica ante el Juzgado de Ejecución y la comunicación de cualquier cambio de domicilio o salida del país. En caso de incumplimiento, la suspensión podría ser revocada y el proceso retomaría su curso ordinario.
El caso se enmarca en una investigación más amplia por supuestos hechos de corrupción administrativa, en la que también se encuentra imputada una tercera persona. En ese contexto, uno de los argumentos considerados para conceder la suspensión condicional fue la predisposición de los funcionarios beneficiados a colaborar con la causa en calidad de testigos, lo que, según la resolución judicial, permitiría avanzar en el esclarecimiento de los hechos restantes.
