El abogado José Casañas Levi conversó con PDS Radio-TV digital sobre el caso de los pacientes internados por covid-19 a quienes se les priva de la comunicación con sus seres queridos e indicó que es una decisión errada el hecho de prohibirle a las personas que se encuentran internadas, atendiendo a que no le puede prohibir a nadie comunicarse, ya sea telefónicamente o personalmente.
Pero también señaló que puede haber reglas en un Sanatorio, respecto a los horarios o evitar firmarles a otros pacientes, pero lo que no se puede hacer es quitarle el teléfono a otra persona y que eso es totalmente irregular.
“El director o el que haya tomado la decisión también tiene que entender que no le tiene que estar forzando al que ya está internado, encima otra vez plantear una acción judicial”, pero que si se podría plantear un amparo debido a la violación de un derecho constitucional, que es el derecho a la comunicación”.
“Entiendo que la decisión se habría tomado a raíz de que algunos pacientes le filmaban a otros, pero hay que entender que esa es una responsabilidad del que está filmando, pero no del que no hace nada, el que no se comporta de manera inadecuada no tiene por qué estar privado de ese derecho”, indicó.
Respecto a los amparos planteados para acceder a las vacunas indicó que el derecho a la salud es un derecho constitucional, todas las personas que viven en el Paraguay tienen ese derecho y negarle ese derecho al ciudadano solamente puede estar relacionado con una organización como que está haciendo el gobierno respecto a la franja etaria.
En ese mismo sentido agregó que si se da una discusión respecto a que si una persona debe recibir o no la vacuna por su condición de base o por alguna enfermedad, se tendrá que resolver a través de un amparo con un informe médico que refiera si es posible o no inmunización del accionante, atendiendo a que el amparo es la única vía cuando no hay una decisión de la institución pública de facilitar el biológico.
Por último acotó que “cualquier decisión que tome una autoridad pública tiene que estar fundada en la lógica y en la razonabilidad”, y no así decisiones arbitrarias que atentan con el derecho de las personas.
