El juez de garantías Rolando Duarte expresó que los padres que impidan que sus hijos sean inmunizados con vacunas obligatorias pueden ser imputados por el Ministerio Público, en caso de que los menores sufran alguna alteración en su salud. Explicó que, dependiendo de cada caso, podría darse un hecho punible de violación del deber de cuidado o incluso homicidio, cuyo dolo podrá determinarse conforme a la acción u omisión en cada caso particular.
El magistrado explicó que la Constitución Nacional, en su art. 53, establece con claridad que los padres tienen la obligación de proteger la salud integral de sus hijos, lo cual abarca no solo el aspecto físico, sino también el bienestar psíquico, la alimentación, la vestimenta y, especialmente, el cumplimiento del esquema nacional de vacunación obligatorio. La Ley Nº 4621/12, en su art. 6, detalla cuáles son las vacunas obligatorias que deben ser aplicadas a los niños en el territorio nacional.
El juez señaló que la negativa injustificada a cumplir con estas inmunizaciones puede configurar un hecho punible, sobre todo si el niño sufre un deterioro en su salud como consecuencia directa de no haber sido vacunado. En este contexto, el Juez Duarte advirtió que los padres podrían ser procesados penalmente bajo la figura de violación del deber de cuidado tipificada en el art. 226 y que, si se produce un resultado más grave como el fallecimiento del menor, el caso podría escalar a homicidio doloso, considerando que los progenitores tienen una posición de garantes respecto a la vida y salud de sus hijos.
El magistrado también fue claro al afirmar que las creencias religiosas o la desinformación no son excusas válidas para incumplir con las vacunas obligatorias. “La responsabilidad deriva de la Constitución Nacional y es para todos, sin entrar a cuestionar cuestiones religiosas o de otra índole”, enfatizó. En cuanto a los tipos penales que podrían aplicarse, Duarte explicó que el dolo podría incluso ser directo, cuando los padres actúan a sabiendas de su deber legal y, pese a ello, deciden omitir la vacunación. «Uno sabe su responsabilidad y de igual manera actúa con ese conocimiento», agregó.
Finalmente, reiteró que la vacuna contra el sarampión, como parte del esquema obligatorio, debe ser aplicada de forma indefectible y que el incumplimiento de este y otros esquemas exigidos por el sistema de salud puede derivar en procesos judiciales contra quienes resulten responsables de dicha omisión. Esto se da debido a que el Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica ante un brote de sarampión que ya registra cuatro confirmados en San Pedro, quienes no fueron vacunados.
